“Todo interno tiene el derecho y el deber de trabajar durante su condena”, es una de las frases textuales del proyecto de ley que presentó ayer el diputado chileno Gonzalo Fuenzalida, con el que quiere modificar el Código Penal de ese país.

En otras palabras, forzar a trabajar aa todos los prisioneros de Chile, el país con más personas encarceladas per capita de América Latina.

“Hoy, en nuestra legislación no existe una norma estable, sino un reglamento y una serie de decretos que regulan el trabajo de los presos. No hay claridad legislativa al respecto”, declaró Fuenzalida al diario La Tercera.

Según la propuesta del parlamentario de Renovación Nacional -derecha-, las cárceles y demás centros penitenciarios tendrán que tener “áreas destinadas para el trabajo de los internos”. Además, siguiendo la línea de la privatización que impulsa el líder de su partido, Sebastián Piñera, esas zonas carcelarias pueden ser concesionadas a particulares, “bajo la vigilancia y control de las autoridades”.

Sin embargo, los presos/mano de obra no podrán ser puestos a trabajar para un tercero, ni mucho menos salir de la cárcel. Esto no aplicaría para el caso de la mano de obra que vaya a la construcción de obras públicas u “otros de mantención o mejoramiento que, desempeñadas por organismos públicos, vayan en directo beneficio del interés general”.

Según su impulsor, “lo lógico es que las empresas, además de utilizar a los reos como mano de obra, tengan beneficio tributario al generar estas áreas concesionadas de trabajo”. Dos por uno.

Claro, lo que más hace sonreír a los empresarios y críticos del sistema penal es el sistema de remuneraciones que piensa el diputado: más allá de la verborrea de respetar los derechos laborales y seguridad social vigentes, el proyecto contempla que la remuneración se divida en cuatro partes:

-Un 20 por ciento destinado a la administración carcelaria chilena para pagar su mantenimiento en prisión.

-Un 30 por ciento para cubrir la responsabilidad civil de su delito.

-Un 30 por ciento para un fondo de reserva que se le entregará cuando salga de canadá.

-Un 20 por ciento para el pago de pensiones alimenticias de sus hijos.

La ley no contempla quién administrará el dinero mientras el preso está en la cárcel, pero, oh sorpresa, abre la puerta a que sea una entidad privada.

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