A pesar de la oposición de las iglesias católica y evangélica, la Asamblea Legislativa boliviana aprobó esta semana una norma sobre el código penal que amplia la despenalización del aborto en diferentes casos, como por ejemplo que la embarazada sea menor de edad.

Este proyecto fue impulsado desde el ejecutivo y permite que se ponga fin a la gestación hasta la octava semana mientras exista “consentimiento de la embarazada” en los casos en que “sea estudiante, niña o adolescente”, según la disposición incluida en el Código Penal.

Tras la aprobación de la nueva norma, un grupo de mujeres instaló una huelga de hambre para pedir al presidente Evo Morales que no promulgue la ley.

Hasta ahora, en Bolivia solo existía la opción legal de abortar si la vida de la madre estaba en peligro, en caso de malformaciones del feto o si el embarazo era producto de una violación o incesto.

En tanto, un aborto que se produzca por otros motivos ajenos a los contemplados en la nueva ley, podría ser sancionado penas de entre uno y tres años.

Actualmente, según estudios del gobierno boliviano, en ese país se realizan más de 80.000 abortos clandestinos anuales y aunque no hay datos oficiales, la Organización Mundial de la Salud estima que la interrupción del embarazo provoca un 9% de muertes maternas en el país.

Según la ministra de Salud, Ariana Campero, el aborto es la tercera causa de muerte. “No son seguros, son inducidos por hierbas o en lugares clandestinos. Por eso es que esta reforma ayuda mucho”, dijo.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Bolivia se mostró contraria a la reforma, a pesar de los datos que demuestran lo dramático de la realidad.

“En Bolivia se ha aprobado este artículo que atenta contra la vida, que alienta el genocidio a pesar de que nosotros esperábamos que se lo elimine”, declaró Luis Aruquipa, representante de la plataforma a favor de la vida de la Iglesia Evangélica.

Imagen: Wikimedia

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