Uno de los grandes temores de los líderes de la guerrilla de las Farc durante las conversaciones que terminaron con la firma de un acuerdo de paz se está materializando en Colombia: sin la fuerza guerrillera activa, cientos de líderes sociales están siendo víctimas de una “cacería”.

El año 2017, en Colombia asesinaron a 170 líderes sociales y defensores de paz, según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Esto representa un alza del 45,29 por ciento frente al año anterior, cuando se produjeron 117 homicidios. 

Si la cosa fuera tan simple como sumar y restar, estamos hablando de que cada 2,1 días fue asesinado un líder social, nombre local para sindicalistas o defensores de los derechos humanos, alineados hacia la izquierda política. 

Este fenómeno supone una de las grandes amenazas para afianzar la paz, pues el país tiene un antecedente nefasto durante los años 80’s, cuando los miembros desmovilizados de la guerrilla crearon el partido Unión Patriótica (UP) y más de 3.000 de sus adherentes fueron asesinados por fuerzas paramilitares.

“El incremento en los homicidios obedece a dos conflictos: el territorial y el de los recursos. Este último hace referencia a temas de renta en la minería ilegal y en los cultivos ilícitos”, aseguró Camilo González Posso, director de Indepaz, al diario colombiano El Tiempo.

Distintos líderes han señalado que parte de la responsabilidad en este aumento se debe a que tras la desmovilización de las FARC, sus zonas de influencia no fueron ocupadas por el Estado sino por grupos ilegales como la guerrilla del ELN o por fuerzas paramilitares.

En los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó son más evidentes los conflictos territoriales, mientras que los relacionados con minería ilegal se registran más en el Bajo Cauca, explicó González Posso. 

“La mayoría de los asesinatos se consumaron utilizando sicarios, con armas de fuego y en zonas donde, anteriormente, las Farc habían impuesto una regulación desde su poderío”, agregó el directivo. 

Por su parte, Leonardo González, coordinador de la Unidad Investigativa de Indepaz, asegura que en muchos territorios, la salida de las Farc influyó en el aumento de las muertes.

“A esos lugares que dejó la exguerrilla han llegado otros actores, como paramilitares y el Eln, a copar territorios, y lo han hecho desde la fuerza”, manifestó.

González dijo que los líderes están en alerta máxima, ya que al trabajo que hacen en defensa de los territorios deben sumarle una defensa de sus vidas.

“Estamos teniendo una transición de un estado de guerra, de muchos años, a un momento de paz, y ahora es cuando más hay que tener cuidado para no volver a una nueva guerra. Hay que fortalecer la democracia”, puntualizó al diario.

Tanto el director como el coordinador coincidieron en que lo necesario para lograr una normalización en los territorios es una alianza con las comunidades.

Creen que brindar seguridad individual a los líderes no funciona, porque “los han matado con chalecos y hasta con escoltas”, y que lo que realmente le hace falta al Gobierno Nacional es escuchar las luchas de los colectivos para tenderles una mano.

Antes de finalizar el 2017, el Gobierno emitió el decreto 2252, en el cual dice que los “primeros respondientes” de líderes y defensores serán las gobernaciones y las alcaldías.

Las administraciones deberán crear mecanismos para “evitar consumación de situaciones de riesgo que afecten” a los líderes y defensores. Además, tendrán que promover el desarme voluntario y el rechazo del uso de armas.

 

Sin embargo, la versión oficial es distinta. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha declarado que las autoridades han establecido que al menos el 35 por ciento de los homicidios de líderes sociales se han perpetrado por asuntos personales.

En el mismo sentido, Villegas ha señalado que no existe sistematicidad detrás de los asesinatos, pero insiste en que esas muertes son “absolutamente inaceptables”, por lo que se han priorizado las investigaciones en esos casos.

 

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