El gobierno de Michel Temer no ha escondido su caracter empresarial desde que se montó en el poder a golpe de Parlamento en el 2016 tras destituir a Dilma Rousseff y esta semana se anotó un autogolazo al nombrar a la diputada Cristiane Brasil como ministra del Trabajo a pesar de tener condenas en juicios por violaciones a las leyes laborales.

El polémico nombramiento anunciado por Temer el 3 de enero quedó sin efecto después de que la Justicia de ese país impidiera la investidura de la funcionaria. 

La designación de Brasil en el cargo generó una fuerte polémica en el país, ya que era de conocimiento público que la diputada había sido condenada en 2016 por tener dos choferes sin contrato ni garantías laborales. 

Su investidura como ministra fue suspendida por tribunales que aceptaron demandas de diversas organizaciones civiles, pero luego fue liberada por el Superior Tribunal de Justicia y posteriormente suspendida en forma cautelar por la Corte Suprema.

Sin embargo, las denuncias en contra de la diputada no pararon en lo estrictamente laborar, toda vez que surgieron sospechas de que durante la campaña hacia el Congreso, la diputada en 2014, habría cometido delitos electorales y también una investigación por supuesta asociación al narcotráfico.

Según las indagaciones, la fugaz ministra es sospechosa de haber pagado a narcos que controlan favelas de Río de Janeiro para hacer campaña en la zona. 

La parlamentaria  ha negado todas las acusaciones, pero el Supremo mantuvo suspendido su nombramiento como ministra, que finalmente el Gobierno anuló, a pesar de que había anunciado que se enzarzaría en una “batalla jurídica” por mantenerlo.

Antes del nombramiento de Brasil, la cartera de Trabajo estaba dirigida por Ronaldo Nogueira, quien renunció para concentrarse en la campaña para su reelección como diputado en los comicios que se celebrarán en octubre próximo.

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