Los años recientes no han sido fáciles para el Ejército chileno desde que en 2015 se conociera el escándalo de corrupción denominado Milicogate, en donde altos mandos de la institución defraudaron millones de pesos del dinero proveniente de la ley reservada del cobre, que entrega al ejército al menos un 10 por ciento de las ganancias por la explotación de este metal. 

Por esto, la misteriosa muerte del sargento segundo José Urzúa Melo, recién designado como conductor del nuevo comandante en jefe, Ricardo Martínez, ha levantado más de una sospecha.

El cuerpo de Urzúa fue descubierto la mañana de este lunes a eso de las 6.30 en el estacionamiento del edificio Bicentenario del Ejército de Chile, ubicado en Avenida Blanco Encalada de Santiago.

Según un artículo publicado por La Tercera, el funcionario presentaba un impacto de bala. 

Según información de la Fiscalía Militar, la investigación se está desarrollando junto a detectives de la Policía de Investigaciones.

“La Institución, junto con lamentar profundamente la sensible pérdida, se encuentra brindando el apoyo correspondiente a la familia, en estos difíciles momentos”, indicó el Ejército a través de un comunicado.

MILICOGATE

Los fraudes recientes consistían en el uso de facturas falsas para extraer el dinero, las cuales no estaban reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos, mediante la compra de material bélico inexistente. Dentro de los involucrados del ejército se encuentran el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz, ambos relacionados a las finanzas del ejército. El dinero pertenecía a saldos sobrantes de, por ejemplo, cambios de peso chileno a dólar estadounidense. Se emitían facturas por servicios no prestados de proveedores del ejército, como Frasim (Francisco Huincahue), Raúl Fuentes Quintanilla y Waldo Pinto.

 El encargado de extraer los fondos el cabo Cruz, que trabajaba en la contabilidad del ejército y Montero se encargaba de conseguir las facturas y apurar los pagos.

En marzo de 2014, mientras revisaba unas facturas, el Tesorero del Ejército, el coronel Samuel Poblete detecta irregularidades y se da cuenta que la firma y puesto de uno de los oficiales que firmaban no correspondían, al tomar contacto con uno de ellos pudo comprobar que estaba frente a un fraude informando de ello de forma inmediata. Al exigir explicaciones al coronel Montero, este se desliga del hecho, inculpando de todo al cabo Cruz.

En abril de 2016, el ministro en visita Omar Astudillo cita al ex Comandante en jefe, General (r) Juan Miguel Fuente-Alba debido a que poseía más de 1000 millones de pesos en bienes, los cuales presuntamente no tienen justificación. Se presentan pruebas como traspaso de automóviles de lujo, traspaso de bienes raíces y sociedades entre la familia del general. Debido a los costos de sus inversiones y compras comparadas con su sueldo de unos 4 millones, se ha iniciado una causa por incremento patrimonial injustificado.

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