Me veo en la obligación de escribir esto porque se me gestan una infinidad de contradicciones al momento de pensar la temática de los cuerpos infantes abusados y el concepto de justicia patriarcal. Contradicciones alimentadas por tratar de apegarme lo mas prácticamente posible a mis ideales libertarios, ideales que han sido cimentados en la corriente de pensamiento anarquista, ideales que se han expandido y constreñido a través de los años, que mutaron a medida que entré y salí de los libros; mutación que fue alimentada por la experiencia humana y por como todxs saben o imaginan, por el encuentro directo con el feminismo (pero esa es otra historia…).

Para contextualizar: Viví dos experiencias de abuso sexual a lo largo de la infancia. La primera con tres o cuatro años. No tengo conciencia de que los acercamientos hayan sido violentos o agresivos. El abuso consistía en besos y tocaciones, no fue un hecho aislado y lo recuerdo como una experiencia placentera. La abusadora fue Marta, mi niñera, una chica de no más de 15 años.

El segundo abuso fue entre los 9 y 11 años mientras cursaba violín en el Conservatorio de la Universidad de Magallanes. El abuso ademas de tocaciones implicaba una insistencia sobre la premisa del error: si yo me equivocaba mientras leía la partitura iba a ser abusada. Estos abusos fueron prologados en el tiempo. D. M. profesor y director del Conservatorio, abusador sexual, cuenta con denuncia y querella legal por abuso sexual a menores agravado. Esta denuncia la hice en febrero de 2017 y fue apoyada, poco tiempo después, por dos testimonios de compañeras que sufrieron episodios similares en la misma época, en el mismo lugar, bajo tutoría de la misma persona.

Cuando utilizo el término justicia patriarcal me refiero al poder judicial, uno de los tres brazos del Estado. Este Poder supone controlar y regular, bajo las leyes aprobadas por connivencia lesgislativa o por carta constitucional, derechos y deberes de todo ciudadano habitante del territorio de ese Estado. Además, el Estado se circunscribe de común acuerdo a tratados y convenciones internacionales con otros Estados (lo que conocemos como derecho internacional). El Estado se arroga el deber de vigilar que se cumplan la normas estipuladas en su código penal y en caso de que estas normas sean quebrantadas, persigue, castiga o indulta a través de proceso judicial.

El abuso sexual en infancia es una problemática común, casi todxs hemos tenido una experiencia o hemos conocido a alguien que ha atravesado por ella: según estadísticas de la organización mundial de la salud, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. No contamos con las estadísticas del silencio y de una vergüenza que no debería llevar ningún cuerpo encima. Vivimos en una sociedad que invisibiliza y adoctrina a lxs infantes para que encajen en la norma adulta. La infancia se considera propiedad del “Pater Familia” y en base a eso se subyuga, se persigue y se margina cualquier intento de disidencia. Romper el silencio es un acto de rebeldía, es la disidencia que le debemos a la infancia; en retrospectiva, es un acto de justicia simbólica al cual podemos acceder de adultxs para subsanar lo que callamos por no haber tenido un espacio sano para poder decir. Por ende, si la norma social es tabú y silencio para con los cuerpos infantes vulnerados, ¿a quién y cómo debemos direccionar el pedido de resarcimiento?.

Querer salir del lenguaje secreto que impone el A.S.I. implica una serie de preguntas individuales que rebotan en silencio al querer hacerlas colectivas: ¿A quién acudo con mi secreto? ¿Dónde encuentro contención? ¿Cómo mantengo mi salud mental?. Básicamente, ¿dónde,cómo y con quién hablo del tema? Soledad y desamparo absoluto por parte de las instituciones de salud pública. Negación del supuesto derecho de acceso universal a la salud mental. Pero nos vamos de tema. Cuando finalmente, después de muchas, muchísimas horas de terapia, logré decidirme a hacer pública mi experiencia, me encontré nuevamente con las mismas preguntas: ¿Dónde, cómo? ¿Debo exponerme cual chivo expiatorio a preguntas inquisitivas sobre porqué estoy denunciando a más de 20 años después? ¿Cuento con una red compañera de apoyo que respalde mis declaraciones a la hora de hacerlas públicas?¿Tengo los recursos intelectuales y emocionales suficientes para encarar este proceso? ¿Debería denunciar a la policía? ¿Para qué?. De hacerlo, ¿cómo se encara un delito que por ley esta prescripto? ¿Por qué prescriben estos delitos? ¿Por que debería denunciar ante un Estado que está adscrito a la Convención de los Derechos del Niño desde 1990 y que sin embargo cuenta con denuncias de graves abusos dentro del mismo Servicio Nacional de Menores? ¿Está capacitado el tercer brazo del Estado para reconocer sus fallas sistémicas, sus vacíos legales en torno al tema y prestar oídos ante este tipo de denuncias? ¿Cómo formulo la denuncia de manera segura para mí misma?

Y he aquí donde el viejo y bien consabido tema de individualidad versus colectivo nos asalta nuevamente. El concepto abstracto de Justicia, bajo el alero institucional, nos acerca indudablemente a pensarla bajo el orden de la justicia patriarcal. Este abstracto se cimenta en el imaginario como un conjunto de leyes amparada por una red de individualidades que aceitan el engranaje burocrático y que, poniendo cuerpo y voluntad asalariada, apuran o desestiman según el libro de la ley que la causa amerite (código penal, leyes internacionales, etc.). Es decir, todo proceso legal que llevemos a cabo será siempre influenciado de manera directa o indirecta por un funcionario. Nunca dependerá meramente de los generosos conocimientos prácticos de nuestro abogadx patrocinador (en caso de tener unx) o de nuestro ferviente afán por llegar a buen puerto en tribunales. Por eso debemos pensar a la justicia patriarcal como una herramienta de uso proteccional para nuestra identidad legal, debemos exhortar al Estado a investigar el abuso a la identidad que el mismo Estado nos ha otorgado bajo la etiqueta de derecho. La figura de protección a la infancia que se vulnera se adscribe al artículo 16.1 de la Convención de los Derechos del Niño: “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”. Pero no por esto debemos pensar que ahí y solamente ahí radica la Justicia.

Después de muchas vueltas sobre el tema, muchísimas preguntas y contradicciones, me atreví a denunciar penalmente. Si solo hacía la denuncia pública quedaba expuesta a un latigazo legal: me arriesgaba a querella por injurias y me exponía a quedar de igual manera amarrada a una causa legal que implicara al abusador. Por otra parte, denunciando penalmente me aseguraba que se gestionara un proceso largo del cual el pédofilo sería informado periódicamente. La acción no quedaría solo en un acto simbólico de Justicia a través de una denuncia pública. El abusador se sometería a un “poder mayor” (representado por la justicia patriarcal) al cuál el tendría que responder sí o sí. Se enlaza en el imaginario personal un acto dependiente del tercer brazo del Estado a un acto de justicia simbólica, la cual tiene mayor peso para la salud mental del denunciante que el resultado final de una persecución legal. En resumen: se puede hablar, se puede decir, se puede señalar y dejar expuesto al pederasta sin volver a correr riesgo de muerte.

Quiero incidir vehementemente en que mis energías vitales y emocionales no están puestas en el proceso penal. Quiero que se entienda que mi búsqueda de Justicia implica el uso de todas las herramientas que pueda tener a mi alcance. Quiero también que pensemos colectivamente cómo acompañamos y apoyamos a lxs sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia y a su entorno. ¿Contamos con una educación lo suficientemente libertaria para entender que la persecución del abusador a través del proceso legal es solo una manera de protegernos frente a las herramientas legales que el Estado también le otorga al abusador? ¿Contamos acaso con acceso a información que nos eduque sobre la Justicia Social y la Justicia Simbólica? Debemos re-educarnos con urgencia sobre la vulnerabilidad de los cuerpos pequeños y estar atentxs a la existencia de un depredador que va más allá (¿o más acá?) del neoliberalismo y sus tácticas de guerra. La pederastia es una práctica común y está enlazada al imaginario de que los cuerpos infantes son la propiedad de quien los administra. La mayor parte de los casos ocurren intrafamiliarmente. ¿A quién recurrir si seguimos manteniendo el tema en el tabú?

Debemos repensar las problemáticas de las violencias en la infancia no para re-victimizarnos ni para rellenar carencias afectivas a través de un llamado de atención hacia nuestros traumas. Si entendemos que la búsqueda de Justicia bajo el alero del orden patriarcal es solo un medio, nuestro fin ha de ser develar lo común de estas agresiones para así gestionar una práctica colectiva de re-educación sobre el tema. Entender esta experiencia como un problema social nos otorga la compresión de que podemos seguir buscando prácticas que se enlacen con la construcción de una nueva manera de pensar sobre el abstracto de Justicia. Enrostrarle a nuestra sociedad su doble discurso con la infancia es disentir en la práctica: es actuancia libertaria.


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