Tuvo que llegar el quinto día de violentas protestas en Nicaragua en contra de la reforma a la Seguridad Social –sumando una treintena de muertos– para que el presidente Daniel Ortega anunciara el retiro de la polémica ley que reduce en un 5 por ciento las pensiones y modifica el sistema de cálculo de la jubilación. 

A pesar de su anuncio por televisión durante la noche del domingo, las calles se mantenían encendidas y el Ejército sigue desplegado en varias ciudades donde se han producido saqueos y vandalismo. 

Durante su intervención, Ortega aceptó que sus propuestas no tuvieron “viabilidad” y crearon una “situación dramática”, por lo que daba marcha atrás en su implementación. La reforma impuesta el miércoles por el líder sandinista por decreto reduce las pensiones un 5% y aumenta las contribuciones de empresas y trabajadores para rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El Gobierno pretendía recaudar así 250 millones de dólares, siguiendo una fórmula recomendada por el Fondo Monetario Internacional.

Su intervención fue su segundo intento por calmar las cosas en el país, después de que el sábado asegurara que su único interlocutor válido para allanar una salida a la crisis era la empresa privada: un sector que se encuentra movilizado en contra de la propuesta y que pidió acabar con la represión en las calles. 

Además de anunciar el retiro del proyecto, Ortega propuso nuevamente un diálogo, al que invitó a los empresarios y al cardenal Leopoldo Brenes, para “sacar una resolución que asegure el fortalecimiento de la Seguridad Social a largo plazo”. Con esta decisión Ortega espera bajar la tensión en las calles.

 

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