La Policía Nacional española entró este martes en las sedes de la conselleria de Economía, el centro de telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) y el grupo Mediapro en una serie de operativos ordenado por el juzgado que investiga los preparativos del referéndum independentista del 1 de octubre del 2017. 

Los allanamientos se produjeron casualmente el mismo día en que el Tribunal Supremo rebajó en cinco meses la condena de seis años y tres meses de cárcel a Iñaki Urdangarin, cuñado del rey, por el caso Noos, donde fue condenado por malversación, prevaricación, fraude, dos delitos fiscales y tráfico de influencias.

La coincidencia de los operativos de la policía española con la revisión de la condena generó susceptibilidades entre los catalanes más cercanos al proceso independentista, pues muchos consideran que los allanamientos son parte de un show mediático para meter bajo la alfombra la corrupción de la familia real. 

En el caso de la conselleria de Economía de la Generalitat catalana, en plena Rambla de Catalunya de Barcelona, los registros los hicieron agentes de civil, según informa El Diario, mientras que la operación en la sede de Mediapro duró poco más de una hora y, según fuentes de la empresa, los agentes se han ido sin llevarse ningún tipo de documentación. “El registro ha sido negativo. No han encontrado nada porque no había nada”, ha afirmado en Catalunya Ràdio el fundador del grupo, Jaume Roures.

Donde sí aparecieron indicios fue en la revisión del caso de Urdangarin, quien quedó a un paso de entrar a la cárcel ya que la rebaja mínima de su pena apunta a que su ingreso en prisión puede ser inmediato, aun si su abogado decide recurrir al Constitucional o solicitar un indulto. 

El Tribunal Supremo considera “acreditado” que Urdangarin se valió de la “situación de privilegio que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una una hija de quien era entonces jefe del Estado”, así como de su amistad con Pepote Ballester, en aquel entonces director de Deportes del Gobierno balear. Así, “consiguió mover la voluntad” tanto de Ballester como del presidente autonómico, Jaume Matas, para obtener contratos de forma fraudulenta. 

“Es de destacar que el logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas podían ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por el recurrente y su socio”, añade el fallo.

Se produjo finalmente, añaden los magistrados, “ese sutil pero patente y efectivo sometimiento ante la posición del proponente, actitud que buscó y provocó deliberadamente amparado en su notoria condición, combinada y reforzada por su amistad con José Luis Ballester”.

Asimismo, el Alto Tribunal mantiene la responsabilidad de partícipes a título lucrativo de Ana María Tejeiro y Cristina de Borbón en el delito de malversación y fraude de sus maridos, pero no en los delitos fiscales.

La consecuencia de esta decisión es que tanto Iñaki Urdangarín como Diego Torres deberán asumir en su totalidad el pago de lo defraudado, que en el caso de este último y en el de su esposa ya está consignado, como resaltaba la sentencia recurrida.

El tribunal da la razón en este punto a Ana María Tejeiro, y por extensión a Cristina de Borbón, quien había decidido no recurrir, al considerar que no existen precedentes de que se haya aplicado la responsabilidad civil a título lucrativo en un delito fiscal. En el caso de Cristina de Borbón, la cuantía asciende a 136.950 euros, y en el de Ana María Tejeiro, a 172.550 euros. 

La consecuencia es que Cristina de Borbón ve reducida su multa en 128.138 euros y Ana María Tejeiro 172.384 euros, en lo que se refiere a las indemnizaciones fijadas por los delitos contra la Hacienda Pública por el que también fueron condenadas sus parejas.

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