El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, descartó un adelanto de elecciones como propuso la Iglesia católica y exigen sus opositores en protestas desde hace casi tres meses, mientras continúa la ola de violencia que deja más de 230 muertos.

“Las reglas las pone la Constitución a través del pueblo. Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas”, dijo este sábado Ortega, en una multitudinaria marcha de seguidores en el oeste de Managua.

El mandatario, quien no aparecía en público desde el 30 de mayo, añadió que si “los golpistas”, como llama al movimiento civil opositor que le pide dejar el poder, “quieren llegar al gobierno”, deben buscar “el voto del pueblo”.

“Veremos si el pueblo le va a dar el voto a los golpistas que han provocado tanta destrucción en estas semanas. Ya habrá tiempo para las elecciones”, dijo el gobernante junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, sobre una tarima en la rotonda bautizada con el nombre del fallecido líder socialista venezolano Hugo Chávez.

La Iglesia media entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -grupos de la sociedad civil- y propuso adelantar los comicios de 2021 a 2019. Pero el diálogo se estancó porque Ortega, quien gobierna desde 2007 por tercer periodo consecutivo, no respondía.

El presidente criticó a quienes “lanzan maldiciones y nos sentencian a muerte en nombre de instituciones religiosas”.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, reaccionó al discurso del mandatario y dijo que “ya debería tener claro que la Iglesia no tiene miedo” y está “al lado de los pobres y las víctimas”.

Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero ante la fuerte represión de la policía con grupos armados ilegales se ampliaron para exigir la salida de Ortega, a quien acusan de instaurar con Murillo una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo.

Ante la manifestación del gobierno, la Alianza Cívica aplazó para el próximo jueves una marcha que tenía prevista este sábado y llamó a un paro nacional el 13 de julio, el segundo convocado en la crisis, luego de uno el 14 de junio con gran acogida.

Ortega llamó “asesinos” y “delincuentes” a sus opositores, entre la ovación de decenas de miles que marcharon de la Plaza de las Victorias a la rotonda Hugo Chávez, rodeada de gigantescos árboles de la vida, de metal, instalados por Murillo.

“¡Abajo los golpistas!”, “¡Ni un paso atrás!”, “¡Se queda, mi comandante se queda!, “Queremos la paz”, gritaban los seguidores de Ortega, ondeando banderas del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).

Murillo, de 67 años, aseguró que “la justicia se encargará de los terroristas y financiadores” de los atentados contra la paz y seguridad del país.

Ex guerillero sandinista de 72 años, Ortega gobernó Nicaragua por una década tras el triunfo de la insurrección popular que, comandada por el FSLN, derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.

Mientras, hombres vestidos de civil encapuchados y fuertemente armados patrullan con policías y antimotines en varias ciudades, derribando barricadas de adoquines que levantaron opositores. En Matagalpa (norte) hubo una balacera.

Previo a una caminata de seguidores del FSLN este sábado en la occidental ciudad de León, fuerzas de Ortega incursionaron violentamente el jueves en el poblado indígena de Sutiaba. Tres jóvenes murieron y hubo decenas de heridos y detenidos.

En la sureña ciudad de Masaya, la más rebelde del país y donde aún hay bloquos de vías, opositores marcharon contra Ortega en el combativo barrio Monimbó.

“Querían silenciarnos, pero aquí está el pueblo exigiéndole que se vaya”, dijo encabezando la marcha el líder estudiantil Yubrank Suazo, a quien esta semana seguidores de Ortega le quemaron su casa, según denunció.

Para el sociólogo Oscar René Vargas, “su caída es cuestión de tiempo”. “Es el inicio del fin del orteguismo”, pero falta saber si será “de forma adelantada, pacífica y ordenada, lenta o violenta”.

“La economía es el talón de Aquiles del gobierno”, apuntó Vargas, también economista. Más de 200.000 empleos se han perdido y el Banco Central rebajó el cálculo de crecimiento de 4,9% a 1%.

Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua, sancionó a tres altos allegados de Ortega y a funcionarios de la Policía, acusándolos de violaciones a derechos humanos. Ortega no se refirió a esas medidas.

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