Un día después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibiera en Madrid al presidente de la Generalitat catalana, Joaquim Torra, en la última de las muestras de acercamiento para buscar una salida política a la crisis en Cataluña, un juez decidió quitar su cargo como diputado a Carles Puigdemont y a cinco de sus aliados.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena declaró la suspensión política cautelar en base al procesamiento por rebelión que tiene a Puigdemont  huido de la justicia en el extranjero y en prisión provisional a los diputados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez. 

La suspensión cautelar impide a los afectados por esta medida seguir delegando su voto.

De ahora en adelante, los procesados dejan de contar como miembros de sus grupos parlamentarios (Junts per Catalunya y Esquérra Republicana de Catalunya), aunque el juez Llarena explicita en el texto de su resolución que “no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que correspondan a los procesados puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas”, y delega la decisión al respecto en manos del Parlamento de Cataluña.

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