El gobierno de Iván Duque ha comenzado a dar algunas luces de lo que será la conducción política de Colombia durante los próximos cuatro años y cada tanto uno de sus ministros señala un camino cada vez más parecido a la administración de Álvaro Uribe que a la renovación.

Este es el caso del titular de la cartera de Defensa, Guillermo Botero, quien señaló que los grupos armados son quienes financian la protesta social.

Botero, quien hablaba de las problemáticas que generan para el país la presencia de los grupos armados como los residuales, el Eln, el ‘clan del Golfo’, Los Pelusos y Puntilleros, aseveró que, además de la corrupción, son ellos los que “financian la protesta social”.

“Entonces cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales”, puntualizó el Ministro.

En sus declaraciones explicó que la nueva estrategia de los grupos ilegales es no atacar a la Fuerza Pública siempre y cuando no se sientan presionados, pero si sienten una amenaza a sus finanzas van a reaccionar.

Según Botero, esos son los grupos que “vamos a combatir, y eso es lo que ya veremos más adelante. A ellos los vamos a combatir y los vamos a derrotar”.

Las declaraciones se tornan polémicas, pues Botero, pocos días después de ser anunciado como jefe de la cartera de Defensa, propuso “ordenar la protesta social”.

“Creemos que esta debe ser una protesta social ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos, y no solo de un pequeño grupo, y hemos considerado que, sobre eso, el próximo Gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido”, dijo en su momento.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo realizó una publicación en Twitter resaltando la importancia de este elemento para la democracia: “el ejercicio de la protesta social es legítimo y necesario en una democracia. Vincularla con el accionar de los grupos armados ilegales arriesga a los protestantes y viola el principio de distinción del derecho internacional humanitario”.

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