La lógica del Fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, es la siguiente: si un productor de cocaína se queda sin electricidad en su fábrica clandestina en la selva, se acabará la droga. Entonces, lo que el país debe hacer, es cortar el suministro de energía al campo. 

En este universo paralelo del fiscal no existen las plantas generadoras de electricidad ni los paneles solares. Menos aun la posibilidad de que esa planta procesadora de hoja de coca se instale en zonas urbanas. 

Los campesinos que vivan en las zonas de producción, tendrán que comprar velas. 

Su propuesta fue presentada mediante una carta al presidente colombiano, Iván Duque, y citó como ejemplo una serie de invernaderos en el departamento de Cauca donde se produce marihuana. “Si no hay energía para estos invernaderos, se acaban los cultivos hidropónicos de marihuana, y, con conocimiento de causa, las empresas de energía no pueden proveer energía de manera ilícita a esas fábricas de marihuana”, dijo.

En la misma carta, el fiscal dice que otra forma de frenar la producción de cocaína es controlar productos como el cemento en dichas regiones. Algo que se hace desde comienzos de los años 90s.

En el documento, citado por el diario El Tiempo, Martínez también habla de hacer más eficiente el control de la gasolina, mediante el uso de químicos que bajen su potencial en los laboratorios. Así mismo, señala el uso de moléculas para fumigar las matas de coca y reducir su productividad. El Fiscal afirma que los carteles del narcotráfico se han modernizado y han acudido a la tecnología, mientras “nosotros seguimos haciendo lo mismo desde hace seis lustros”.

Según él, las plantas de coca, por innovación tecnológica, hoy producen 4,1 cosechas de coca al año, cifra que duplica su capacidad histórica, y que en algunas zonas de Colombia hay plantas que producen ya siete cosechas por año. Mientras que “nosotros seguimos dormidos con lo mismo y con el mismo plan de narcotráfico, y la única discusión es el glifosato”, dijo Martínez.

Y agregó que a las empresas criminales se les debe limitar el acceso a los servicios públicos, para afectar su unidad productiva, y la capacidad de acceso a los insumos. Según el Fiscal, hay que intervenir “ las redes de comercialización, de transporte y almacenamiento”.

Finalmente propone invertir en proyectos de bioingeniería contras las drogas. Sugiere que en zonas de cultivos ilícitos se prohíban las empresas de giros y cambios para evitar que muevan plata de los narcotraficantes.

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