La amistad del gobierno de Venezuela con algunas agrupaciones podría estar a punto de pasarle una costosa factura después de que se conociera que el gobierno de Donald Trump está a punto de incluir al país en una lista de estados que apoyan el terrorismo, según informó el diario The Washington Post citando a funcionarios estadounidenses y a información contenida en mails internos del gobierno.

Según el medio gringo, el Departamento de Estado ha solicitado opiniones sobre la medida propuesta a varias agencias en los últimos días, pero dijo que los funcionarios estadounidenses declinaron decir si se tomó una decisión final sobre la designación, que entre otras cosas podría implicar un embargo al petróleo venezolano por su amistad con agrupaciones como Hezbolla o las Farc.

El medio asegura que la decisión del gobierno fue impulsada por senadores republicanos encabezados por Marco Rubio, uno de los congresistas estadounidenses que con más contundencia viene denunciando las barrabasadas del régimen de Maduro.

Hasta el momento la lista de estados acusados de brindar “apoyo a actos de terrorismo internacional” incluye a Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. 

En el pasado, Cuba también formó parte de esta lista -por sus presuntos nexos con las FARC y con la también desaparecida ETA- entre 1982 y 2015, año en el que el Gobierno de Barack Obama la retiró como un gesto más dentro del proceso de deshielo entre los dos países.
Si la medida se aplica, podría limitar la asistencia de los Estados Unidos a Venezuela y prohibir las transacciones financieras, empeorando la grave crisis que atraviesa el país, castigado por la hiperinflación y la falta de comida y medicamentos.

También, la medida aumentaría la presión de Estados Unidos contra Maduro y sus amigos, a poco tiempo de las sanciones que el Departamento del Tesoro impuso contra “el círculo cercano” del presidente venezolano, incluida su esposa, Cilia Flores.

Circular roja

Como las malas noticias no llegan solas, Maduro podría ver limitado su espacio de movimiento por el mundo, después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio pidiera al secretario general de la Interpol, Jurgen Stock, que saque una “alerta roja” para capturar al presidente venezolano. 

Según informa la prensa internacional, el presidente de dicho tribunal, Antonio Marval, esta solicitud es definitiva, después de que meses atrás la ex fiscal Luisa Ortega pidiera a la interpol una “alerta roja” preventiva. 

En una carta dirigida a Stock, el presidente de la Sala Plena del Tribunal Supremo en el exilio, Miguel Ángel Martín, pide incluir a Nicolás Maduro Moros “en los registros de datos y publicación de Alerta Roja, a los efectos de la cooperación internacional en materia de delitos comunes para la aprehensión del mencionado sujeto”.

En la carta se incluye la “ficha” de Maduro, al que este tribunal formado por 25 magistrados nombrados por la Asamblea Nacional venezolana, todos ellos exiliados, considera destituido como presidente.

En el apartado “nacionalidad” la ficha señala que “dice ser venezolano” y en el de lugar de nacimiento indica “dice ser nacido en Caracas”.

El Tribunal Supremo “legítimo”, como se autocalifica, condenó este año en ausencia desde Bogotá al presidente Maduro por “corrupción propia y legitimación de capitales” en un caso vinculado al escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.

Maduro fue condenado a 18 años y tres meses de cárcel.

“Conforme a la Constitución y las leyes de nuestro país, el señor Maduro Moros ha quedado formalmente destituido de su cargo de Presidente de la República”, anunció este tribunal cuando publicó la sentencia definitiva a fines de octubre.

El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio se instaló en octubre de 2017 en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, y está formado por 25 magistrados que en su día fueron nombrados por la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, y hoy se encuentran repartidos por Estados Unidos, Chile, Colombia y Panamá.

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