El 10 de enero vence el mandato legal de Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente fue electo a través de unas elecciones sospechosas, plagadas de vicios, en 2013. El Consejo Nacional Electoral chavista reportó finalmente que Maduro obtuvo un mayor número de votos, incluso que el propio Hugo Chávez en sus últimas elecciones.

Ese mandato electoral fue, inesperadamente, reconocido por el entonces líder de la oposición y candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, lo que obligó a la comunidad internacional a reconocer, a su vez, la legalidad del «triunfo» de Maduro, aún frente a las evidencias fehacientes de un fraude en medio del fragor por la agonía de Chávez.

Este año, 2018, Maduro organizó un nuevo proceso electoral, esta vez boicoteado por la oposición luego de que el régimen chavista inhabilitara y encarcelara a las principales figuras de la disidencia que podrían fácilmente ganarle en unos comicios libres.

Ese proceso electoral ha sido desconocido por la comunidad internacional. Más de 50 países han expresado formalmente el desconocimiento a la supuesta reelección de Nicolás Maduro. Y, además, han expresado que no lo reconocerán como legítimo presidente de Venezuela a partir del 10 de enero de 2019.

Hoy, millones de venezolanos —incluyendo a la líder de la oposición, María Corina Machado; personas defensoras de la legitimidad democrática a nivel internacional, como el diplomático y expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Diego Arria; el abogado y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asdrúbal Aguiar; el abogado y visiting fellow en Harvard, José I. Hernández; el dirigente y reconocido alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; y el secretario general de la OEA, Luis Almagro—, han alzado su voz para exigir que la Asamblea Nacional de Venezuela, electa en los últimos comicios libres, llene el vacío del ejecutivo que, por la ausencia de legitimidad, ha dejado Nicolás Maduro.

Maduro ha intentado por todos los medios clausurar la Asamblea Nacional. Para ese fin se inventó una Asamblea Nacional Constituyente, repleta de los más sumisos acólitos del régimen. Hasta ahora no lo ha logrado. La Asamblea representa de alguna forma el último vestigio republicano en Venezuela. O eso quieren creer quienes se resisten a aceptar el autoritarismo de un heredero sin muchas luces.

Se trata, precisamente, de que el Parlamento, la principal institución democrática del país designe a un presidente —o Gobierno de transición, junta de Gobierno o la entidad que más convenga— para edificarse como alternativa legítima, sensata y urgente, al régimen tiránico de Maduro.

Ello alzaría una nueva plataforma, inédita, que responda desde adentro a la necesidad del régimen chavista de obtener alguna legitimidad internacional, sobre todo luego del 10 de enero, fecha en la que se pretende juramentar Maduro como presidente.

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