La semanas pasadas Colombia estuvo atravesada por la tragedia humana, esa que es habitual pero que sólo en determinados casos tiene la resonancia como para convertirse en noticia central, con cobertura en vivo y análisis desde todos los ángulos.

El carro bomba en la Escuela de Policía General Santander sin duda enlutó a la población colombiana y alteró por un momento la tensa tranquilidad con la que solemos vivir los colombianos de a pie. El saldo del atentado es, por supuesto, terrible: 21 muertos y alrededor de 70 heridos.

Después de que las FARC dejaran las armas y se convirtieran en partido político, la opinión pública había empezado a perder la costumbre de encontrarse con noticias sobre ataques de esta escala, por lo que la bomba, atribuida al ELN, cayó como un balde de agua fría, más cuando el proceso de negociación entre el gobierno y esta guerrilla se encontraba en un periodo de suspensión con pocas expectativas de avance.

Las consecuencias políticas del atentado se han visto pronto, el fiscal general enlodado por el escándalo de Oderbrecht ha salido airoso al mostrar diligencia y celeridad en el proceso de investigación, aunque ha sembrado dudas entre los escépticos. El gobierno en cabeza de Iván Duque ha encontrado una razón que le viene muy bien para acabar con unas negociaciones en las que estaba empeñando poca voluntad política.

Pero, sobre todo, el uribismo ha encontrado un potente elemento para fortalecer su narrativa sobre la situación del país y tratar de controlar la agenda informativa colombiana.

La narrativa del Álvaro Uribe y sus seguidores sobre la situación de Colombia tiene entre sus múltiples elementos de fondo una arraigada idea sobre la familia tradicional. Es en este sentido que la figura del gran líder, equiparable a un padre autoritario, aquel que tiene la altura moral y las capacidades para poner orden en el país, cobra tanta importancia. Básicamente, la nación está compuesta por los hijos del gran patriarca, quienes dependen completamente de su potestad para conducirse por el buen camino. En este sistema el líder no puede mostrar señales de debilidad, por lo que debe castigar los malos actos y promover el buen ejemplo.

Así, se entiende que mientras la indignación por el atentado crecía en el país, empezaran a alzarse las voces de los sectores más conservadores criticando el acuerdo de paz con las FARC y atribuyéndole la responsabilidad a Juan Manuel Santos por las acciones de guerra del presente. Pese a que a primera vista resulta ilógico, el argumento de que un acuerdo de paz genera acciones de guerra es bastante coherente si se lee desde la narrativa del uribismo.

Dentro de esta lógica, el “mal ejemplo” es la consecuencia de un castigo que no encaja dentro de la idea de fuerza que debe proyectar un padre autoritario, y así es como han querido enmarcar los uribistas la aplicación de medidas de justicia transicional y la reincorporación de los excombatientes de las FARC a la vida civil y política. Lo más grave es que esto desconoce que en Colombia el conflicto armado es un conflicto político, social y económico, con un arraigo tan fuerte que requiere soluciones de fondo en terrenos más allá del militar.

Así, también se entiende que el reciente atentado sirva como elemento para fortalecer la imagen de un gobierno que arrancó con bajos índices de popularidad y que para recuperarse empieza a hacer declaraciones a favor de la confrontación y que muestra intenciones de continuar con el conflicto armado y abandonar las posibilidades de negociación con el ELN.

Dentro de este contexto el pasado 20 de enero se llevaron a cabo manifestaciones en varias ciudades colombianas para rechazar el atentado a la Escuela General Santander. Más allá del despliegue informativo que dio la idea de que los colombianos apoyan las medidas del gobierno y rechazan las acciones terroristas, llamaron la atención un par de videos que lograron viralizarse y que mostraban como algunos asistentes a las marchas reaccionaban violentamente ante las manifestaciones de personas que asistieron a las movilizaciones para criticar las medidas guerreristas de Iván Duque.

Resulta interesante como las personas enfurecidas, en su mayoría hombres de edad avanzada, usaron un léxico altamente confrontativo y se mostraron exaltadas al punto de llegar a la agresión física. Dentro de las palabras que usaron para intimidar a los manifestantes antigobierno destaca la alusión a las balas (va a haber plomo) e incluso a la posibilidad de dar muerte (quítate esa camisa o te pelamos), entre otras expresiones que iban acompañadas de empujones y gesticulaciones agresivas.

Más allá de señalar que es esperable que en un contexto de indignación y agitación los ánimos de las personas se exacerben, es interesante señalar como estas formas de expresión no son manifestaciones aisladas, por el contrario, hacen parte del repertorio que se encuentra en conversaciones habituales o en interacciones en redes sociales en las que participan personas afines a Uribe y el gobierno de Duque. Esto, es un reflejo de cómo la narrativa autoritaria y patriarcal, que el uribismo lleva años construyendo, hace también parte del repertorio de los ciudadanos y configura una actitud frente al otro, en la que el castigo, la fuerza y la intimidación son un elemento omnipresente.

Queda de la semana pasada el dolor de que en Colombia aún no pueda conseguirse una solución completa a un conflicto armado que lleva tantos años cobrando vidas de todos los bandos. Queda la indignación de que los centenares de líderes sociales asesinados no tengan suficiente visibilidad en la opinión pública ni sus investigaciones cuenten con la voluntad que puede llegar a mostrar el aparato de justicia en otros casos. Queda la preocupación de que el discurso autoritario del movimiento político en el poder encuentre tanto eco en la población colombiana y profundice el conflicto y la polarización política.

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