Guarequena Gutiérrez, abogada venezolana residente en Chile, ha sido designada por el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, como embajadora de ese país en Santiago.

Su reconocimiento oficial por parte de las autoridades chilenas no sorprendió a nadie: Sebastián Piñera ha sido uno de los impulsores del Grupo de Lima para abordar la situación venezolana y, en última instancia, sacar a Nicolás Maduro del poder. 

Sin embargo, un grupo de abogados especialistas en derechos humanos creen que la relación entre la “embajadora” de Guaidó y la cancillería chilena podría ser más estrecha de lo que se cree. 

Roberto Ávila, abogado, acaba de presentar un requerimiento a la Contraloría de Chile para que se investiguen supuestos pagos por honorarios emitidos desde la Cancillería Chilena a la abogada venezolana.

La carta firmada por otros abogados como Eduardo Contreras Mella, expone el rol de la Contraloría en la fiscalización de los bienes públicos y explica cómo es que en la situación de Venezuela no existe ningún interés chileno comprometido para reconocer como diplomática a Guarequena Gutierrez.

“Estamos pidiendo que se pidan informes al Presidente de la República y al canciller sobre las actividades, el eventual financiamiento o asistencia material a grupos opositores en Venezuela, considerando que eso es una actitud que incita a una confrontación civil y armada en Venezuela”, señaló Ávila según el portal chileno El Desconcierto.

Guarequena Gutiérrez ha asegurado que su trabajo es realizado ad honorem y que agradece la gestión del presidente Sebastián Piñera por el tema de la visa de responsabilidad democrática. La abogada recibió el apoyo de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente -los dos partidos de derecha- como “embajadora” de Venezuela” en Chile.

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