Para los detractores del acuerdo de paz en Colombia puede considerarse un acto más del teatro de la impunidad acordado por el gobierno anterior. Para la otra mitad de colombianos, es un hecho histórico que abre la puerta a un proceso de reconciliación a partir de la verdad.

Lo cierto es que Rodrigo Londoño, quien durante ocho años fue el jefe máximo de la extinta guerrilla de las Farc, será el primero de los 31 exjefes guerrilleros que dará su versión voluntaria ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Su declaración tiene que ver con la investigación del caso 001, sobre los secuestros de las Farc, que la Sala de Reconocimiento abrió en julio de 2018. Las versiones voluntarias que darán los 31 integrantes de lo que fue el Estado Mayor Central de la exguerrilla, es decir, la cúpula de esa organización, se realizarán entre el 14 de febrero y el 27 de mayo de 2019. La justicia ordinaria tiene 68 sentencias contra estas personas.

Este caso, que además del secuestro también investigará homicidios y desapariciones, se abrió con base en dos informes que entregó la Fiscalía, en los cuales hay 708 exguerrilleros de las Farc condenados. Además, con nueve informes que entregaron organizaciones como: el Centro Nacional de Memoria Histórica, País Libre, Fundagan (Fundación de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan), entre otros.

Si bien la comparecencia de Timochenko y los demás exjefes guerrilleros ante los magistrados es obligatoria, la versión que presenten es voluntaria, es decir, que cada uno podrá reconocer o no su responsabilidad en los hechos. Sin embargo, están obligados a ofrecer una “verdad plena, detallada y exhaustiva” que le permita a la JEP establecer responsabilidades. Ese es el principal compromiso que adquieren las personas que se acogen a esta justicia transicional para recibir los beneficios de penas alternativas.

Los jueces recibirán sus versiones y las cotejarán con los informes recibidos de la Fiscalía y las organizaciones de la sociedad civil, con las sentencias de la justicia ordinaria e incluso pueden ordenar práctica de pruebas y llamar a otras personas para determinar las responsabilidades de los hechos. Las versiones de los excomandantes guerrilleros también serán trasladadas a las víctimas para que puedan hacer sus observaciones y aportar pruebas.

Este marco jurídico para la paz, presente en los acuerdos de La Habana, aun no tiene unos estatutos y es probable que el gobierno de Iván Duque vete su promulgación, alargando el funcionamiento de una justicia pensada como un punto de partida para la reconciliación y a la que algunos paramilitares quieren someterse. 

Gobierno colombiano aun no da su visto bueno a la justicia para la paz

Opina que es gratis