El presidente colombiano Iván Duque tiene que respetar lo que firmó el Estado con la guerrilla de las Farc en el acuerdo de Paz de La Habana y no interponer su ideología política, aseguró la Misión de Verificación en Colombia de las Naciones Unidas después de que el ahijado de Álvaro Uribe objetara el marco jurídico de la Justicia para la Paz.

La ONU señaló además que se les debe garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Ese organismo también aseguró que el subordinado de Uribe debe asegurar la seguridad jurídica a los desmovilizados e integrantes de la fuerza pública que se han sometido a ese tribunal.

“En el marco de los estándares internacionales, consideramos esencial que las decisiones sobre las objeciones presentadas por el presidente de la república aseguren que la integralidad del acuerdo final será respetada, al igual que la independencia judicial de la JEP”, manifestó en un comunicado.

La ONU respondió así a la decisión de Duque de objetar seis de los 159 artículos de dicha ley, que fue aprobada por el Congreso en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional.

Tras estos trámites, el único que faltaba era la sanción presidencial, pero Duque la objetó parcialmente y presentará al legislativo una reforma constitucional para hacerle unos cambios.

Según el presidente, las objeciones las hizo porque, después de analizar la citada ley, concluyó que no garantiza la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, que forman parte del acuerdo firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

Ante esta medida, la Misión también hizo un llamado para “priorizar y darle mayor celeridad” a la definición de la Ley Estatutaria y lamentó que después de más de dos años de firmado el acuerdo ese tribunal, encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto, no cuente con un “marco jurídico sólido”.

De igual forma, espera que la JEP reciba el apoyo de todas las autoridades del país, pues de esto, recalca, dependerá que los derechos de las víctimas “sean la prioridad y el centro de la construcción de paz”.

“Respaldamos y reconocemos el trabajo excepcional de la JEP para contribuir a la consolidación de la paz”, concluyó la ONU.

En favor de la JEP se expresaron también exnegociadores de paz, políticos, académicos, periodistas, miembros de la sociedad civil, el partido FARC y el procurador general del país, Fernando Carrillo.

A diferencia de estos, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, celebró la decisión de Duque, pues considera que con estas objeciones no se “hiere” esa jurisdicción ni se “compromete” el acuerdo de paz.

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