Uno de los platos fuertes para la prensa durante la jornada del 23 de febrero en la frontera entre Colombia y Venezuela fue la deserción de un centenar de militares venezolanos. Las imágenes de un grupo de muchachos a medio vestir con prendas de la Guardia Boliviariana recibidos con aplausos y vítores de bienvenida se difundieron por el mundo como el comienzo del fin del apoyo que sostiene a Nicolás Maduro en el poder.

Desde entonces, el número de militares que cruzaron la frontera en busca de un mejor porvenir creció y por estos días la cancillería colombiana informó que la cifra ronda los mil uniformados. 

Las versiones sobre sus condiciones y motivaciones para cruzar han variado según el color del medio. Desde el chavismo se minimizó la desbandada y se habló de que los militares estaban recibiendo hasta 50.000 dólares por abandonar su profesión. 

Este fin de semana, la condición de los militares volvió a la palestra cuando un grupo de ellos denunció ante la W Radio que las condiciones para ellos se empiezan a ver negativas y no están teniendo el apoyo que necesitan para subsistir.

Informaron que La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), les dio a algunos un plazo de tres a cuatro días para que empiecen a buscar a dónde irse, porque ya no podían permanecer más en los albergues designados.

“Ellos nos iban a entregar una colchoneta, una sábana y 350 mil pesos; más este mapa que estoy mostrando para poder movilizarnos”, señaló uno de los soldados desertores para La W.

Igualmente se quejan porque muchos de ellos no tienen familia en Colombia, por lo que se les dificultan muchas situaciones actualmente. Aseguran que si bien les han dado alimentación y hospedaje, lo que realmente han buscado es una solución para sus problemas, ya que no tienen ninguna comunicación con su “presidente Juan Guaidó” y necesitan que se enteré de lo que pasa.

En respuesta, la Cancillería de Colombia detalló en un comunicado que junto a ellos han llegado cerca de 400 miembros de sus familias, para lo cual el Gobierno colombiano estableció un procedimiento de “recepción y atención” que tiene como base las disposiciones internacionales sobre derechos humanos.

Agregó que los desertores han sido entrevistados por las autoridades migratorias y han recibido atención en salud, apoyo legal, alojamiento provisional y comida.

Asimismo manifestó que “un número significativo de miembros de este grupo” está tramitando solicitudes de refugio y a quienes ya les fue aprobada esta medida les han entregado los “salvoconductos” que les permitirán permanecer en Colombia mientras que la Cancillería realiza las gestiones correspondientes.

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