La renuncia del ministro de Defensa de Colombia después de que un grupo de soldados asesinara a un ex miembro de las Farc es el nuevo dolor de cabeza del presidente Iván Duque en momentos en que ve hundirse en el Congreso sus reparos a la justicia para la paz.

Este fin de semana, un general del Ejército pidió perdón públicamente tras admitir que militares “mataron”, el lunes pasado, a un ex guerrillero de las FARC que se acogió al proceso de paz .

El caso desató este domingo un fuerte rechazo de las fuerzas opositoras, incluida la FARC, el partido surgido del acuerdo de paz firmado en 2016 y que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes.

La oposición exigió la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, criticado por haberse hecho eco de la versión de un cabo sospechoso del homicidio y quien aseguró que Dimar Torres murió en un forcejeo cuando intentó arrebatarle el fusil. La fiscalía cree que se trató de un homicidio.

“No mataron a cualquier civil; mataron a un miembro de la comunidad. Lo mataron miembros de las fuerzas armadas”, dijo el general Diego Muñoz, jefe de la Fuerza Vulcano, en un acto público celebrado el sábado en Catatumbo (noroeste), región fronteriza con Venezuela donde se produjo el crimen.

“Lo lamento en el alma y en nombre los 4.000 hombres que tengo el honor de comandar, les pido perdón. Esto no debió haber pasado y esto no obedece a una acción militar”, señaló el oficial, quien según la ONG Human Rights Watch está implicado en una investigación por el homicidio de un campesino en 2008.

Este domingo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, informó que la necropsia y pruebas técnicas revelaron que el ex guerrillero fue baleado cuatro veces y anunció que pedirá la captura del cabo Daniel Gómez “por el delito de homicidio”.

Martínez no vinculó a otros militares en la investigación, pese a que pobladores aseguran que varios soldados intentaron enterrar el cuerpo del ex guerrillero cerca del lugar donde acampaban.

Los lugareños, que discutieron con los militares según imágenes grabadas con sus celulares y difundidas en redes sociales, encontraron la fosa a medio cavar y más adelante el cadáver ensangrentado del ex rebelde de 34 años.

Por su parte, el ministro Botero descartó su renuncia y se defendió de los señalamientos de la oposición.

“No tengo por qué renunciar, no estoy involucrado en ningún hecho (…) La versión que yo di era la verdad formal en ese momento y fue la versión que dio el cabo Gómez”, sostuvo en una declaración a los medios.

Tras recorrer el sábado la zona donde se produjo el crimen, la Comisión de Paz del Congreso“concluye que se trata de ejecución extrajudicial, intento de desaparición, y crimen contra el acuerdo y el proceso de paz”, escribió el senador Iván Cepeda, miembro de esa célula legislativa.

Un total de 128 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 hasta principios de abril, según la estatal Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Las autoridades señalan como los mayores agresores a disidentes de la disuelta guerrilla, grupos narcotraficantes y a rebeldes del Ejercito de Liberación Nacional (ELN), la única guerrilla activa reconocida en Colombia.

El partido FARC ha denunciado con insistencia la falta de garantías de seguridad para los ex guerrilleros, tras la firma del pacto que puso fin a un conflicto de medio siglo.

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