Mauricio Macri acaba de sumar un nuevo flanco de conflicto en Argentina. Esta vez, se trata nada más ni menos que de una acusación de traición a la patria por una serie de concesiones petroleras en un territorio que representa mucho más que mar: las islas Malvinas.

El entusiasmo de su gobierno por avanzar en la exploración de petróleo offshore (y captar los dólares que tanta falta le hacen) está desatando un fuerte conflicto de trascendencias diplomáticas que ya engloba a toda la cuestión Malvinas. Según una investigación del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), la secretaría de Energía le otorgó el control de la cuenca que rodea a las islas a empresas británicas que trabajaron ilegalmente para el gobierno del archipiélago en disputa.

Si bien la confirmación oficial se conoció recién el 16 de mayo, la información de las ganadoras de las concesiones de las 19 áreas que recibieron ofertas ya ha trascendido en el sector energético.

La polémica surge en torno a la firma británica Tullow Oil y a la noruega Equinor, supuestas ganadoras de cinco áreas de la Cuenca Malvinas Oeste (tres la primera y dos la segunda). Mientras que la británica operó ilegalmente siete áreas al sur de las islas en el 2007, la noruega tiene dentro de su directorio a una ex asesora de la administración isleña, que también trabajó para Tullow.

“No se trata de cualquier asesora. Es Anne Drinkwater, la autora intelectual de la hoja de ruta a cinco años (2013-2018) para el desarrollo del offshore alrededor de Malvinas”, indican desde Oetec según recoge la prensa argentina.

El problema, más allá de una cuestión ética por la lucha de la soberanía nacional de ese país, es que la ley 26.659 prohíbe expresamente la realización de cualquier acto de comercio con personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina (PCA) sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente de ese país, como una forma de prevenir la explotación petrolera en las islas por parte de Londres.

A su vez, mediante la operatoria mencionada se ha brindado información estratégica sobre toda la formación geológica, que tranquilamente podría ser compartida con Inglaterra, dados los vínculos encontrados. “La Cuenca Malvinas Oeste tiene una continuidad geológica con la Cuenca Sur. Con lo cual, es una información muy valiosa para seguir operando ilegalmente al sur de las islas”, subrayó Federico Bernal, director de Oetec, en un artículo publicado en Página 12.

Es por eso que la Provincia de Tierra del Fuego ya tomó cartas en el asunto y exigió a Lopetegui esclarecer el asunto bajo intimación de recurrir a la Justicia Federal. “Cuando se abrieron los sobres de las ofertas, presentamos una nota de solicitud de información para saber si alguna de esas empresas se encontraba dentro de los causales de prohibición de la ley, pero nunca tuvimos respuesta alguna”, explicó a LPO el Subsecretario provincial de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas, Facundo Rodríguez.

“Pedimos que se declaren inadmisibles dichas ofertas y que esas empresas sean sancionadas de conformidad a la ley”, agregaron. A su vez, confirmaron a este medio que ya se están preparando acciones legales contra la secretaría de Lopetegui y paralelamente ya se han contactado con los presidentes de las comisiones de Energía y Relaciones Exteriores tanto del Senado como en la Cámara de Diputados.

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