En menos de veinticuatro horas en Colombia renunció el Fiscal General de la Nación y la ministra de Justicia: ambos lo hicieron en protesta por la orden de liberar al ex guerrillero de las Farc Jesús Santrich, acusado de narcotráfico y solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos. 

El caso del fiscal Nestor Humberto Martínez es bastante particular: desde que en Colombia estalló el caso Odebrecht, el abogado ha estado en el ojo del huracán por su presunta vinculación en los casos de constructor de la constructora brasileña cuando él se desempeñaba como asesor de una empresa constructora local. 

De cualquier forma, soltó su renuncia como una forma de patear el tablero y  poner en debate el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz en donde se deben juzgar los delitos cometidos por las FARC. Tras su caída, presentó su renuncia la ministra de Justicia, Gloria María Borrero. Caos y más caos, parecía ser la consigna desde el oficialismo e incluso se llegó a hablar de la necesidad de una Asamblea Constituyente -sí, como la de Maduro- para controlar la justicia. 

Según el fiscal -cuya renuncia será estudiada y aprobada por la Corte Constitucional el martes que viene- las facultades que tenía la Fiscalía para investigar crímenes durante el conflicto en Colombia quedaron sin base. Y se abrió una puerta falsa para restringir la extradición. “Esa decisión confronta abiertamente la Constitución y lo más grave destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico“.

El presidente Iván Duque salió corriendo a mostrar su enfado en televisión. Allí enfatizó que no comparte la decisión del tribunal de justicia transicional y se sumó a la decisión de la Procuraduría General de Colombia de interponer un recurso que permita echar para abajo la decisión en primera instancia de la JEP y se autorice la extradición del ex guerrillero Santrich.

Esto, claro, por órdenes superiores dentro y fuera del país. Desde Estados Unidos llevan meses tirándole la cadena y Duque quiere volver a ser un buen muchacho.

“Como presidente de la República he estado, estoy y estaré siempre listo a firmar la extradición de alias ‘Jesús Santrich'”, dijo. Y pidió a los partidos políticos que lo acompañen en la realización y aprobación de reformas necesarias “que nos permitan cerrarles (sic) las puertas al narcotráfico, a la impunidad y fortalecer la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en su lucha contra los criminales transnacionales”.

Aunque el Gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado oficialmente (la DEA fue quien adelantó la investigación con audios y vídeos que han salido a la luz pública en las últimas horas y que comprometerían a Santrich en la reincidencia del delito de narcotráfico), la JEP ha insistido en que no existen pruebas contundentes que confirmen la participación del ex guerrillero en el negocio del narcotráfico.

Ante esto, el uribismo calificó el Tribunal Especial como cómplice de las FARC. “La sentencia de la JEP demuestra que en La Habana, Cuba [donde se negociaron los acuerdos entre el Gobierno y las FARC] pactaron un cogobierno en el narcotráfico”, dijo Uribe, quien teme ser procesado por el mismo tribunal, mientras algunos de los integrantes del secretariado de las FARC, hoy parlamentarios, aplaudieron la decisión de la JEP y dijeron que sobre Santrich -una de las figuras más simbólicas de esa guerrilla- se tejió un montaje.

En realidad, esta decisión de la JEP es vista en Colombia como un choque de poderes. Por un lado una Fiscalía decidida en apoyar la extradición y colaborar con la justicia estadounidense; por otro, un Tribunal Jurisdiccional de Paz, que insiste en falta de pruebas y la desafía negando su envío a Estados Unidos del ex guerrillero.

Opina que es gratis