El gobierno de Iván Duque y parlamentarios oficialistas cuestionaron la veracidad del reportajes de Nick Casey. El periodista abandonó Bogotá tras una serie de acusaciones en su contra.

Según el reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times, el ejército colombiano estaría exigiéndole a sus tropas “duplicar” las bajas y capturas en combate, sin pedirles “perfección” ni total “exactitud” al momento de “ejecutar ataques letales”.

“Hay que lanzar operaciones con un 60-70% de credibilidad y exactitud, lo que deja suficiente margen de error como para que esa política ya haya ocasionado asesinatos cuestionables”, dijeron dos oficiales anónimos citados por el diario.

El director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, exigió “explicaciones” al gobierno.

“Estas prácticas sugieren que el actual Ejército y el Ministerio de Defensa no han aprendido nada de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia, el de los falsos positivos. Estos incentivos ponen en serio riesgo a la población civil”, señaló en Twitter.

Los llamados “falsos positivos” son una práctica utilizada por la fuerza pública entre 2002 y 2008, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, que consistía en la ejecución de personas a las que se hacía pasar por guerrilleros muertos en enfrentamientos. Según el organismo,”más de 3 mil civiles” habrían sido asesinados de esa forma en ese periodo.

En total, 961 uniformados han sido condenados por ese delito, de acuerdo al Ministerio Público.

“Lleno de inconsistencias”

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, aseguró que el artículo que denuncia incentivos dentro el ejército que pondrían en riesgo la vida de civiles inocentes está “lleno de inconsistencias”.

“Algunas fechas no coinciden, los informes no son precisos (…) habla de pelotones cuando en realidad son escuadras de muy pocas personas, habla de un número de capturados inferior al que efectivamente se dio”, declaró el jefe de la cartera en compañía del presidente Iván Duque.

“No voy a dejar que enloden su gobierno con unos comentarios que estoy seguro serán desvirtuados en su totalidad”, agregó.

Frente a eso, el presidente colombiano aseguró que su Gobierno tiene “tolerancia cero” con las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

“La instrucción ha sido cero tolerancia con cualquier conducta que sea violatoria de la ley y de la Constitución, cero tolerancia con cualquier circunstancia que deshonre el uniforme de la patria”, manifestó Duque.

“Acusaciones falsas”

El periodista Nicholas Casey, aseguró este domingo que abandonó Colombia luego de recibir “acusaciones falsas” por parte de miembros del partido de gobierno tras revelar que el Ejército ha ordenado a sus soldados duplicar el número de criminales muertos, lo que pone en riesgo vidas civiles.

“He tenido que tomar la medida de salir del país por las acusaciones falsas que fueron lanzados ayer en Twitter y replicadas por varios políticos uribistas en los últimos 24 horas”, manifestó Casey en una entrevista con la emisora Blu Radio.

En ese sentido, la senadora María Fernanda Cabal, del oficialista partido Centro Democrático, publicó en Twitter dos fotos del periodista en 2016 junto al mensaje “Este es el ‘periodista’ Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las FARC en la selva”. “¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el Ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews”, agregó la parlamentaria.

Al respecto, el reportero del diario norteamericano aseguró que “este tipo de acusación es falsa y grave, dado la falta de seguridad que Cabal sabe que encontramos en este país como periodistas”.

Según el reportaje que hizo Casey hay una orden para que los militares no “exijan perfección” al matar, ni siquiera si tienen dudas sobre el objetivo del ataque, y algunos militares han señalado que eso implica desproteger a inocentes y ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.

Sobre las acusaciones de Cabal contra el periodista, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) dijo que “los señalamientos injustos de funcionarios o líderes políticos que vinculan a periodistas con acciones ilegales con el propósito de desacreditar su trabajo son muy peligrosos ya que pueden ser entendidos como instigaciones o apoyos a las agresiones en contra de la prensa”.

“Como sucedió en el caso de Nick Casey, las estigmatizaciones suelen estar seguidas de agresiones contra los periodistas y, en algunos casos, de amenazas contra su vida”, resaltó la FLIP en su cuenta de Twitter.

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