El ministerio público de Colombia estima que el comandante en jefe del ejército Nicacio Martínez Espinel, estuvo al mando de una brigada que efectuó al menos 283 ejecuciones extrajudiciales en los departamentos de La Guajira y del Cesar. En 23 de esos casos se produjeron entre octubre de 2004 y enero de 2006, cuando el general era segundo comandante y jefe del estado mayor del grupo y Álvaro Uribe presidía el país.

Los documentos entregados a El País por fuentes cercanas a la indagación de los llamados “falsos positivos”, los asesinatos de civiles perpetrados por militares y presentados luego como guerrilleros de las FARC, describen episodios juzgados que ponen bajo la lupa las acciones de esa brigada, en la que Martínez asegura se dedicó a tareas administrativas. El Senado votará este miércoles el ascenso de Martínez Espinel.

El militar fue nombrado al frente del ejército en diciembre por el mandatario Iván Duque. En mayo The New York Times informó sobre directrices militares que presionaban a sus miembros para mejorar los resultados de las operaciones, inquietando a los oficiales por el incremento del riesgo de bajas civiles. La Procuraduría abrió una investigación para determinar si las decisiones del general pusieron en riesgo a la población.

La Décima Brigada Blindada que dirigió Martínez fue señalada en un informe del exfiscal general Eduardo Montealegre como “uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales“. Los casos reportados en 2005, durante la presidencia de Álvaro Uribe, involucran al menos a dos batallones en asesinatos al margen de la ley, la acusación de una masacre indígena y un episodio de violencia sexual.

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