La Cámara de Representantes de Colombia puso en duda este martes la continuidad en el cargo del ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras la realización de una moción de censura contra el funcionario, a quien la oposición le atribuye encubrimiento en el crimen de un exmiembro de las FARC-EP en abril pasado.

El origen de la medida impulsada por la oposición parlamentaria se centra en la muerte del exinsurgente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Dimar Torres.

Por su parte el presidente de la República, Iván Duque expresó que el ministro Botero tan sólo respondió con base a la información que había recibido en toda la cadena de mando en el caso de Torres.

Según informó el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, en la sesión se escuchará a los promotores de la moción, a los partidos que acompañan al ministro Botero y que rechazarán la misma, como también al propio funcionario que se defenderá.

Botero es el segundo ministro del Gobierno de Iván Duque que se enfrentará a la moción de censura.

Más de 25 representantes a la Cámara de diferentes bancadas alternativas firmaron la solicitud de moción de censura contra Botero, al que no consideran idóneo para el cargo.

Tal reacción tuvo lugar luego de que Botero dijera a la prensa que todo apuntaba a que el exmiembro de las FARC murió en medio de un forcejeo con un soldado, al que intentaba quitarle el arma.

Sin embargo, el cadáver del excombatiente presentaba señales de tortura y vejación sexual. Fue hallado por campesinos en una fosa en el departamento Norte de Santander que los implicados en su muerte habrían estado cavando para enterrarlo.

Ahora, el objetivo de los impulsores de la moción es remover al funcionario de su cargo, por considerarlo indigno de ocupar el puesto. Una de las argumentaciones, que serán parte del debate en el Congreso, se basa en una publicación del diario The New York Times. Aquel medio estadounidense reveló el 18 de mayo que el Ejército —dependiente del Ministerio de la Defensa— emitió una orden donde se requería aumentar los operativos contra la guerrilla y otros criminales, acrecentar las detenciones e incluso reducir la perfección a la hora de hacer ataques letales, poniendo en riesgo la vida de civiles.

Según los oficiales consultados por aquel medio norteamericano, estas prácticas ya se habían utilizado en la década del 2000, y terminaron con unas 5.000 víctimas civiles o guerrilleros fuera de combate. Así, la orden reciente refleja mucho margen de error a la hora de cometer asesinatos: “Hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”, dice el documento citado por el periódico extranjero. En otras palabras, se pide a los altos mandos que “no exijan perfección” al momento de realizar ejecuciones.

A las pocas horas de hacerse pública esta nueva bajada de línea militar dispuesta por el general Nicacio Martínez, la Procuraduría le abrió una indagación a ese comandante del Ejército. Asimismo, el presidente Iván Duque anunció la creación de una comisión independiente para analizar órdenes, manuales y documentos militares. Por su parte, el futuro político del ministro de la Defensa se definirá en el Parlamento.

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