Una de las crisis más profundas que enfrenta el sistema chileno instalado por los Chicago Boys bajo el alero de la dictadura y blanqueado por los gobiernos de la centro derecha durante los años noventa es sin duda el modelo de jubilación que, pese a considerarse una de las economías ejemplares de América, tiene a millones de ciudadanos pensionados con salarios cinco meses menores al que percibían cuando estaban activos.

Numerosos gobiernos han buscado la forma de reformar el sistema sin tocar su estructura de fondo. Tal es el caso de la reforma propuesta por el presidente Sebastián Piñera, quien quiere aumentar en un 4 % las cotizaciones de los trabajadores para contar con un fondo adicional. 

Sin embargo, el dinero de las pensiones está. Solo que la distribución sigue empleando un algorítmo que beneficia a los principales beneficiarios de la dictadura: las Fuerzas Armadas.

Según un informe publicado por el diario La Tercera, el 75 por ciento de los excedentes de la empresa estatal Codelco durante los últimos cinco años, una de las grandes mineras del cobre en el mundo, ha terminado en manos de los militares. 

Curiosamente, cuatro de los últimos cinco comandantes en jefe del Ejército chileno se encuentran procesados por malversación de fondos.

En estos últimos cinco años, la empresa alcanzó 6.670 millones de dólares en excedentes, de los cuales 5.019 millones fueron a las arcas de las instituciones armadas, en línea con lo que dicta la Ley Reservada del Cobre, promulgada en 1975 como un regalo de Augusto Pinochet a su propia institución.

Curiosamente, la empresa suma más de 14 mil millones de dólares en deuda y su presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, ha hecho énfasis en la necesidad de que sea capitalizada, ya que dicha cifra podría elevarse a 21 mil millones al 2023 si es que no recibe fondos, situación que pondría en riesgo el desarrollo de los proyectos estructurales.

En ese sentido, la Ley Reservada del Cobre considera que anualmente el 10% de las ventas de cobre de Codelco en el exterior deben ser dirigidas a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, si los resultados de la empresa no aseguran un piso de US$180 millones para dicho organismo, ésta debe endeudarse para cumplir con la entrega de este monto, situación que se generó en 2016.

“La Ley Reservada del Cobre hay que derogarla y más que por un problema financiero, porque al final los recursos van al Estado. Esta normativa afecta en su imagen a Codelco a nivel internacional, porque una empresa minera de un Estado que destina sus recursos a las Fuerzas Armadas para comprar material de guerra nunca ha sido bien visto a nivel internacional”, señaló a La Terecera Santiago González, exministro de Minería durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

En esa línea, añadió que por esta situación la empresa nunca ha podido desarrollar proyectos con países como Perú.

“¿Cómo Codelco va a ir a trabajar a Perú si los recursos que genera son para las Fuerzas Armadas y tenemos conflictos con Perú? Esto imposibilita el desarrollo de Codelco en yacimientos fronterizos porque hay un problema estratégico y los otros países la ven como una empresa vinculada a las Fuerzas Armadas. Se produce un problema político serio y mala imagen para la empresa”, añadió.

Hacia fines de 2016, el Congreso chileno aprobó el proyecto que terminó con el secreto de la Ley Reservada del Cobre, conociéndose tras ello, por ejemplo, el piso exigido a la empresa por los militares.

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