Sebastián Piñera se montó a la presidencia de Chile por segunda vez con una larga lista de promesas que iban desde acabar con el desempleo hasta frenar una inseguridad que, en su discurso, estaba carcomiendo a la sociedad chilena. Curiosamente, una de las más seguras de América Latina.

Tiempos mejores, lo llamó el empresario acusado de estafar el Banco de Talca durante su gerencia, a mediados de los años ochenta. 

Ahora que toda esa estantería de promesas se vino abajo, el empresario y sus amigos en el poder parecen haber encontrado la excusa perfecta para maquillar la decepción: la carta del enemigo externo y la inmigración.

El portal El Desconcierto revive algunos ejemplos de cómo ha tratado Piñera de fortalecer el discurso en el que sus fracasos no son propios sino el resultado de una ola invasora. 

La semana pasada, el gobierno culpó a los extranjeros del aumento del desempleo, pero meses antes también se escuchó el argumento ante el alza de los contagios del VIH. Ambos son asuntos estructurales, que vienen mostrando un aumento sostenido durante los últimos años.

Las expulsiones masivas se han registrado desde el año pasado; el gobierno chileno ha llenado aviones para “devolver” a migrantes por tener antecedentes penales, ya sea en su país de origen o en este. Así, se ha entremezclado el discurso de seguridad, tráfico y migración, elementos incluidos casi en un mismo paquete. 

La migración, en medio de estos discursos, funciona como un comodín político: algo a lo que siempre recurren, ya sea para justificar una mala o ausente política pública, y con eso repuntar en las encuestas, o, en tiempos de campañas, como un botín electoral.

Lo más preocupante, es que se los asocia a lo negativo, a los causantes de algo que no anda bien. Eso se masifica y refuerza la xenofobia ya instalada en la sociedad, en vez de contribuir a revertirla.

La semana pasada, los chilenos conocieron la nueva cifra de desempleo en el Gran Santiago: un 8,4%, un incremento de 1,4 puntos porcentuales en los últimos doce meses. Y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dio explicaciones: “En el contexto de que han entrado casi un millón de migrantes en los últimos cuatro años a Chile, es un tema, y esto habla de la importancia del crecimiento económico y que podamos recuperarnos en el segundo semestre, que va a ser mucho mejor que el primero”, disparó.

Una afirmación imprecisa: según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a diciembre de 2018, se registraron 1.251.225 personas extranjeras residentes en Chile, en total. Es decir, no es un flujo migratorio acumulado solo en estos últimos cuatro años.

Siguiendo con las cifras de desempleo, al retroceder a diciembre de 2010 y marzo de 2011, se constata que los porcentajes –7,9% y 8,7%, respectivamente– no eran tan alejados de lo que dio a conocer hace unos días Larraín. Esos son datos de la encuesta que realiza el Departamento de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y muestran cifras sostenidas en el tiempo, tendientes al alza.

Cuatro meses antes de que Piñera lo sacara de su equipo, el ministro de Salud, Emilio Santelices, anotó una de las frases más controvertidas de su gabinete. Fue en febrero de este año cuando dio a conocer las cifras de VIH que registraron 6.430 casos. Es decir, un aumento del 19%, en comparación con el mismo informe preparado con los antecedentes del Instituto de Salud Pública (ISP) en 2018. Fue un golpe para la cartera. Nunca antes se había alcanzado ese nivel, aunque, en el fondo, la dinámica no cambiaba: el alza ha sido invariable durante los últimos diez años.

Después de esa frase introductoria, Santelices fue por las explicaciones: “Al desagregar esta cifra, se encuentra que la mayor parte de ese aumento son extranjeros, lo que muestra un cambio de nuestro perfil epidemiológico, con los chilenos manteniendo su tasa de prevalencia de los últimos años“.

Y a eso, le sumó como causa el uso de la píldora del día después.

De inmediato, las críticas se hicieron sentir. Para el Colegio Médico fueron declaraciones “erradas y estigmatizantes” enfocadas solo en un 10% del total de casos, cuando el grueso se registraba en la población nacional. Con indignación, le respondieron al ministro: “El Ministerio de Salud debe cumplir su rol en la entrega de información clara, confiable y basada en evidencia científica a la población, evitando declaraciones que causen confusión y generen estigmatización sobre grupos poblacionales e instalen juicios valóricos sobre medidas que han demostrado ser un tremendo aporte para la salud pública”, rebatió el gremio según recuerda El Desconcierto.

Con el cambio de gabinete, asumió Jaime Mañalich, quien tomó distancia de la postura de Santelices. El ex gerente general de la Clínica Las Condes aseguró que no existía evidencia, ni por la información entregada por ONU Sida ni por reportes nacionales, para atribuir la situación a la población migrante. 

En la agenda de seguridad ciudadana también se han trazado líneas. Este fue el tema fuerte de Piñera en su última Cuenta Pública, de hecho, después de las palabras que dedicó al “combate de la narcocultura” y la delincuencia, saltó al ingreso ilegal de extranjeros. En la construcción del discurso, un tema le siguió al otro.

Pero semanas antes del evento en el Congreso, junto a su ministro del Interior y primo, Andrés Chadwick, y el subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla, –y otras autoridades–, dieron a conocer la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2018, en la que se registró que un 76,8% de la ciudadanía percibía un aumento de la inseguridad. Aun siendo una cifra alta, mostraba un mínimo descenso respecto del año anterior (80,8%) y se instalaba como un dato favorable para el gobierno.

Esas cifras vinieron a los pocos días de la tercera expulsión masiva de colombianos, que dejó en la retina la imagen de los extranjeros subiendo en fila a los aviones que dispuso el gobierno. Mientras, en el aeropuerto de Antofagasta, el subsecretario Ubilla declaraba: “En total son 65 personas; 38 de ellos son expulsados por acciones iniciadas por el Ministerio del Interior, todos ellos con antecedentes policiales o antecedentes penales en su país de origen o en Chile”. Todo, dentro de la política de “ordenar la casa”.

El vínculo migración, delitos y seguridad, es una tríada que se instala. Sin embargo, los datos no dan para reforzarla. Hasta el año pasado, el régimen penitenciario de Chile registraba que casi un 6% de personas extranjeras estaban recluidas en cárceles del país, de una población penal cercana a las 50 mil personas.

Por otro lado, las estadísticas de la Defensoría Penal Pública –que asesora jurídicamente a más del 90% de los imputados por crímenes o simples delitos en el país– muestran que, a 2017, solo el 2,5% de los imputados atendidos fueron extranjeros y, hasta agosto de 2018, esa cifra alcanzaba un 3%.

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