Al cumplirse mañana 7 de agosto un año de su gestión, el presidente Iván Duque ha puesto en peligro el Acuerdo de Paz en Colombia, además se han incrementado los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las FARC y, sobre todo, el mandatario no ha logrado borrar la imagen de ser una marioneta más de Álvaro Uribe, considerado el verdadero poder en las sombras.

El mandatario juró su cargo el pasado 7 de agosto de 2018 y desde su asunción amenazó con hacer cambios al acuerdo de paz alcanzado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- y el gobierno del presidente Santos, después de medio siglo de conflictos.

El mandatario colombiano planteó objeciones y reformas al sistema de Jurisdicción Especial para la Paz, conocido por sus siglas JEP, que juzga los crímenes más graves cometidos durante más de medio siglo de lucha armada de las FARC.

Duque cuestionó seis de los 159 artículos de la ley que regula la JEP, considerada la columna vertebral del pacto negociado entre sus predecesor Juan Manuel Santos y la guerrilla en La Habana. Considera que el pacto, respaldado por Naciones Unidas, es demasiado indulgente con los exguerrilleros.

Sus objeciones insisten sobre todo en que es necesario clarificar que los condenados indemnicen a sus víctimas “con sus bienes y activos”, quiere excluir de beneficios penales a responsables de delitos sexuales contra menores y cuestiona que el JEP pueda decidir sobre la extradición o no de quienes juzga.

El senador Iván Cepeda criticó duramente el actual gobierno del presidente Iván Duque Márquez, y defendió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 

El semanario The Economist calificó el primer año de gestión del presidente Iván Duque como “improductivo”, señalando falta de gobernabilidad y pocas iniciativas legislativas aprobadas. 

Lo que ha ocurrido en la práctica es que el Gobierno ha pretendido cambiar de manera unilateral el enfoque que tenía la Paz y el Acuerdo mismo. Es decir, para el Gobierno el Acuerdo que se firmó no es válido.

Asesinatos de líderes sociales y campesinos

El pasado 26 de julio, miles de personas se tomaron las calles de distintas ciudades de país y del mundo, para exigir a las autoridades del Gobierno de Duque medidas que detengan los crímenes y amenazas de grupos armados contra los líderes sociales.

Se trata de un flagelo que Colombia no ha podido erradicar aún después de la firma del acuerdo de paz en 2016 con la entonces guerrilla de las FARC.

La manifestación llamada “Marcha por la vida” fue convocada por defensores de los derechos humanos, y se desarrolló en cerca de 80 ciudades, de las cuales 30 están en el extranjero.

Las protestas se organizaron después de que un impactante video, filmado justo después de que la líder María del Pilar Hurtado fuera asesinada en el departamento de Córdoba el mes de junio. En el video, uno de los cuatro hijos pequeños de Hurtado se ve gritando de dolor cerca de su cuerpo.

Los asesinatos, atribuidos a una variedad de grupos armados, han generado cada vez más críticas de la comunidad internacional sin embargo, el presidente Iván Duque insiste en que la cantidad de asesinatos se ha reducido desde que asumió el cargo hace un año.

Existe un profundo desacuerdo sobre el número exacto de líderes sociales asesinados. La Defensoría del Pueblo señala que 486 fueron asesinados entre principios de 2016 y mediados de 2019, mientras que la Fiscalía fija la cifra en 292.

El Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) indicó que desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta el 2019 se han masacrado 738 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.

En un editorial del sitio Las dos orillas, se indica que “Duque debe saber que sus embarradas, acabar con el proceso de paz, llenar de muertos el país con una fuerza pública que dispara y no media, que la división a la que parece condenarlo su jefe directo, el presidente Uribe, la poca confianza de la inversión extranjera nos están arruinando. Una tristeza este primer año”.

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