A pesar de que una larga lista de voces se manifestaron en contra del Acuerdo Integral y Progresivo para Asociación Transpacífico, el gobierno de Sebastián Piñera puso toda su energía para lograr su aprobación en el Parlamento.

El polémico proyecto ya pasó por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado,  que ya había cumplido su aprobación en la Cámara de Diputados y ahora requiere la confirmación en la Comisión de Hacienda del Senado.

Para muchos, el documento es una imposición de Estados Unidos y sus grandes empresas y atenta contra los intereses de la mayor parte del pueblo chileno. Por eso, la revelación de un abogado contratado por el gobierno resultan escandalosas. 

El Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper) expone que un abogado contratado por el Ejecutivo confirmó que el capítulo sobre propiedad intelectual fue escrito por las multinacionales, pese a los reparos que el asesor le hizo a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) dependiente de la Cancillería.

A través de una serie de correos del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitados por la Ley de Transparencia, el académico Hassan Akram tuvo acceso a los mensajes enviados por Peter Clark, un experto mundial en tratados de libre comercio contratado por Chile para analizar los documentos que se trataban en las negociaciones del TPP.

El asesor de la Cancillería critica varios artículos del borrador por ser pro-estadounidenses y dañinos para Chile. Expone Ciper que “la mayoría de las cláusulas sobre las cuales tenía reparos siguen en el texto final del TPP-11” y que la mayoría de las redacciones que propuso Clark “no se encuentran en el texto final”.

Entre los puntos está el que el mecanismo de resolución de controversias del capítulo 28, donde un Estado puede demandar a otro Estado por supuestamente violar el tratado, fue algo que otros países no querían aplicar a las empresas públicas, pero en el capítulo 17 del TPP-11 se permite el uso de ese mecanismo.

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