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Un nuevo escándalo sacude hoy los ambientes políticos de Chile tras las revelaciones de un caso de espionaje al interior de las Fuerzas Armadas de Chile.

Por tal motivo, el ministro de Defensa, Alberto Espina, y el comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, fueron citados ante la Comisión de Inteligencia Nacional de la Cámara de Diputados, para esclarecer esa grave situación, según declaró a la prensa su presidente, Gabriel Sílver, de la Democracia Cristiana.

El detonador fue un reportaje de Radio Biobío según el cual el Ejército intervino los teléfonos de al menos cuatro militares que habían denunciado casos de corrupción al interior de la institución que desembocaron en un millonario desfalco.

Estos son el capitán Rafael Harvey Valdés, el exteniente Carlos Farías Ramírez, el exsargento Juan Pablo Díaz Pino y el cabo primero Sergio Andrés Tudesca Ã’rdenes, a los que se sumó el periodista Mauricio Weibel, investigados por esa fuerza a tenor de la Ley de Inteligencia del Estado en el marco de la denominada operación Topógrafo.

En su momento Sílver explicó que esas acciones de espionaje son un atentado a la democracia y advirtió que en el caso que se investiga nunca ha estado en peligro para aplicar esa legislación, por lo que ello denota abuso y persecución a los denunciantes.

El malestar en los ambientes políticos incluyó tanto a la oposición como a la bancada de gobierno, y al respecto Álvaro Carter, del derechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI) y miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara, aseguró que en democracia no pueden ocurrir acciones de esa índole.

Por su parte, el Ejército salió a justificar esa actuación en un comunicado argumentando que ‘las actividades de inteligencia y contrainteligencia, necesarias para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional, se han ajustado a las disposiciones de la ley’.

En respuesta a esa afirmación el presidente de la Comisión de Defensa, Jorge Brito, consideró necesario modificar la Ley de Inteligencia, a la que calificó de precaria, pues no contempla ninguna sanción para quienes la empleen de forma distorsionada.

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