Por Rafael Croda

El expresidente y senador Álvaro Uribe, el político más influyente de Colombia durante los últimos 17 años, registró una caída tan pronunciada en su imagen pública en los últimos meses, que hasta él mismo comienza a hablar de su retiro.

Como presidente, Uribe llegó a tener un nivel de aprobación de 85%, y como exmandatario fue el principal opositor a los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC que impulsó su sucesor en el cargo, Juan Manuel Santos, con quien rompió luego de ser un factor determinante en su elección.

En su cruzada contra la paz con las FARC, Uribe logró aglutinar en torno a su figura a un segmento importante de colombianos que no están dispuestos a perdonar las atrocidades que cometió esa antigua insurgencia en sus años de degradación. Hablamos de secuestros, asesinatos y atentados terroristas en los que murieron centenares de civiles.

Es un hecho que Uribe y millones de colombianos tienen una visión reduccionista y sesgada de los males de Colombia. En esa narrativa, el mayor problema del país se llama FARC.

No importa que todos los actores del conflicto armado colombiano hayan cometido atrocidades y delitos de lesa humanidad: desde las guerrillas hasta las Fuerzas Militares, los agentes del Estado y, desde luego, los grupos paramilitares de extrema derecha, con los que Uribe firmó un acuerdo de paz durante su gobierno (2002-2010) y con los cuales se le ha relacionado en varias denuncias judiciales.

La fijación del expresidente con las FARC tiene que ver con una tragedia personal. El padre del exmandatario, Alberto Uribe Sierra, fue asesinado por las FARC en un intento de secuestro en Guacharacas, una de sus haciendas, el 14 de junio de 1983.

“La tragedia de Guacharacas –escribió Uribe en su libro ‘No hay causa perdida’– marcó en mi vida personal y profesional un punto de quiebre cuya influencia tal vez sea inconmensurable”.

El sello de Uribe durante su gobierno fue, precisamente, la guerra contra las FARC, que sin duda fue exitosa. Con todo el respaldo financiero, logístico y militar de Estados Unidos logró convertir a una fuerza insurgente de 24 mil hombres que acosaba a las grandes ciudades colombianas, en una guerrilla de 8 mil combatientes arrinconada en las selvas.

Y eso lo convirtió en un presidente popular que logró hacer elegir como su sucesor a Juan Manuel Santos. Cuando éste decidió negociar un acuerdo de paz con las FARC, se ganó la animadversión de Uribe, quien como expresidente mantuvo altos niveles de respaldo ciudadano.

Uribe solito creó un partido, el ultraconservador Centro Democrático, que en su primera participación electoral, en 2014, obtuvo 20 senadores, la quinta parte del total.

Dos años después, en un plebiscito para refrendar o no los acuerdos de paz con las FARC, el expresidente encabezó la campaña opositora y –contra todos los pronósticos— logró el triunfo del “No” ante el azoro del mundo.

Santos logró hacer aprobar en noviembre de 2016 los acuerdos en el Congreso, pero el resultado del plebiscito le recordó al país el enorme peso político del exgobernante, cuya popularidad en ese entonces rondaba el 60%.

El año pasado Uribe logró impulsar a su candidato, Iván Duque, a la presidencia de Colombia.

En un intento por congraciarse con los sectores más radicales del Centro Democrático, el joven presidente y exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) perdió los primeros meses de su mandato tratando de modificar, sin éxito, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional derivado de los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“El presidente eterno”

El exitoso programa de sátira política, “La tele letal”, llama a Uribe “el presidente eterno” y a Duque “el presidente tierno” o “el subpresidente”.

Es tanta la influencia que ejerce Uribe en el gobierno de Duque, que en círculos políticos se da por hecho que él determinó el nombramiento de los ministros de Hacienda (Alberto Carrasquilla), del Interior (Nancy Patricia Gutiérrez), de Defensa (Guillermo Botero) y del Trabajo (Alicia Arango).

Duque cumplió un año de gobierno el mes pasado y su gestión ha estado marcada por la sombra de Uribe y por la impopularidad. Según la encuesta Gallup, apenas 29% de los colombianos aprueba el desempeño del presidente y el 64% la rechaza.

Pero Duque no ha sido el único afectado por la percepción ciudadana. Por primera vez, Uribe ha comenzado a perder de manera consistente el respaldo popular.

De acuerdo con la firma Gallup, el exmandatario y senador de la República tiene 61% de rechazo entre los colombianos. Se trata del más alto nivel de desaprobación que ha tenido en los últimos 17 años. Y, además, se trata de un deterioro de imagen que, desde el año pasado, ha sido creciente y sistemático.

En abril de 2018, Uribe tenía una buena imagen entre el 51% de los colombianos, mientras que 44% lo rechazaba. Para agosto de ese año, los porcentajes se invirtieron, y desde entonces la desaprobación ha ido en aumento hasta llegar a 61 puntos el mes pasado.

Esta caída ha coincidido con el empecinamiento de Uribe y del gobierno de Duque en descarrillar aspectos sustanciales de los acuerdos de paz con las FARC, como el mecanismo de justicia transicional. También ha coincidido con el llamado a cuentas que le ha hecho a Uribe la justicia.

Aunque en toda su carrera política el expresidente ha enfrentado denuncias que van desde presuntos vínculos con paramilitares hasta espionaje a magistrados, periodistas y opositores políticos, nunca había sido llamado a juicio.

Uribe se tendrá que presentar el próximo 8 de octubre ante la Suprema Corte de Justicia para responder por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno. Será el primer exmandatario colombiano en comparecer ante un tribunal de justicia por una causa penal.

Duque ha defendido la “honorabilidad” de Uribe, así como su “rectitud, su patriotismo y su incuestionable servicio al país”.

Pero, según la Corte Suprema de Justicia, existen sólidas evidencias contra el exmandatario. Las pruebas incluyen grabaciones telefónicas, videos y testimonios que lo involucran en una trama orientada a manipular y presionar a testigos que lo han señalado como patrocinador de grupos paramilitares.

Las evidencias apuntan a que el expresidente ha participado “de manera personal y directa”, o a través de terceros, en maniobras ilegales para presionar a testigos de que se retracten de acusaciones por paramilitarismo que han formulado contra él y su hermano Santiago Uribe.

Existe incluso un video grabado en forma clandestina en la cárcel por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, en el que se observa al abogado de Uribe, Daniel Cadena, pidiéndole que elabore un escrito en el que ofrezca disculpas al exmandatario por haberlo acusado de promover el paramilitarismo y en el que diga que el senador izquierdista Iván Cepeda le ofreció prebendas a cambio de esa acusación.

Monsalve, quien cumple una condena de 35 años en la cárcel bogotana de La Picota por secuestro y concierto para delinquir, es una pieza clave del proceso contra el exgobernante, no sólo por las pruebas que indican que lo habrían presionado para incriminar a Cepeda en manipulación de testigos, sino porque es hijo de Oscar Monsalve, exadministrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe.

El expresidente sostiene que se trata de una “infamia” y que demostrará su inocencia, pues no hay nada que lo incrimine en un delito.

Por un lado, Uribe ya no tiene el respaldo popular que tenía en sus mejores épocas y sus altos índices de desaprobación lo hacen lucir como un caudillo decadente. Por otro, el expresidente aún tiene una importante cuota de poder en el gobierno de Duque y en el Congreso.

Todos estos factores pesarán en su comparecencia ante el máximo tribunal de justicia del país.

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