Por Javier Calderón Castillo

Colombia no logra salir de la ciclotimia del conflicto armado interno. A esta altura de la historia colombiana es inocultable que la guerra es principal estructurador de las relaciones de poder y el gran “ordenador” de la política. Tanto en la sociedad como en los partidos políticos se polarizan las posiciones en torno a quienes defienden la paz y entre quienes consideran la guerra como la solución a los conflictos políticos y sociales, y eso define las formas de expresión de la política. Los Acuerdos de Paz de La Habana fueron recibidos en esa clave de polarización, en vez de considerarlos como un momento de reconfiguración del sistema político y de la democracia. Es por ello que el uribismo hace hasta lo imposible para negarlos, pues su futuro político, en buena medida, depende de ello.

No es de sorprender, entonces, que el uribismo y algunos partidos santistas, como Cambio Radical, hayan llevado a un pantano los Acuerdos de Paz. Desde su firma hasta la fecha sólo se ha implementado el 23% de lo pactado, y el 65% no ha sido siquiera iniciado.[1] Todos los hechos escalonados de incumplimientos de los pactos y de la violencia contra liderazgos sociales (702 lideresas y líderes asesinados más 137 excombatientes asesinados) desde la firma del Acuerdo[2][3] hacían previsible el desenlace: el rearme de un grupo de las FARC. No cabe duda que la gran responsabilidad es del Estado, en cabeza del Gobierno de Iván Duque, y del uribismo, pues la guerra es su lugar de confort, en ella pueden evadir las discusiones centrales, como el modelo económico, el medioambiente, la vida y la calidad de la democracia colombiana.

El rebrote de la guerra, además, se da justo en un año en el que se definirán las autoridades municipales y departamentales. El próximo 27 de octubre se realizarán unas elecciones que, desde antes del anuncio de un sector de las FARC de retornar a las armas, están asediadas por el conflicto armado en más de 400 municipios (más de un tercio del país). También se desarrollarán en medio de un notable deterioro de la imagen del presidente Iván Duque, a quien se le ve errático en las decisiones y sin gobernabilidad, a quien le cuesta sumar mayorías en el Congreso y con un progresismo opositor fortalecido tras sumar candidaturas en todas las regiones del país.

El uribismo en pie de guerra, y el rearme de un grupo de las FARC, pueden dar cuenta de que el sistema político colombiano gira sobre sí mismo cuando su eje es la guerra, generando resultados de reproducción política favorables a las derechas y una situación de “trauma” democrático que impide las transformaciones sociales.

El uribismo se regocija

El sector político político dirigido por el senador y expresidente Álvaro Uribe se opuso desde el comienzo a los diálogos de paz iniciados en el 2012, entre el Estado y las FARC. Se negaron siempre a respaldar un acuerdo que estuviera basado en transformar el sistema político, y menos aun que permitiera la participación de los excombatientes en la disputa electoral. Su política siempre ha pretendido un “triunfo” o aplastamiento de las guerrillas, aunque tanto los militares como otros sectores de poder indican que tal objetivo es imposible, dadas las condiciones sociales y geográficas del país. En todos los escenarios posibles, la salida del conflicto es a través del diálogo, aunque el uribismo haya convertido la guerra en su bandera política y en un trofeo a los combatientes con cadena perpetua o extraditados a EE. UU. Para el uribismo y para el Gobierno la guerra significa la conexión con los valores más conservadores y tradicionales del país, y la idea del “enemigo interno” una catapulta para el voto reaccionario.

Los ataques del uribismo a la Justicia Especial para la Paz, diseñada para conocer la verdad y alcanzar la justicia restaurativa por hechos de lesa humanidad en el conflicto, demuestran que no les interesa, en ningún caso, rendir cuentas ante la Justicia por sus actuaciones durante la guerra, y menos aun coexistir en un sistema político cimentado en la paz, pues sólo tienen la agenda de “seguridad” como respuesta a las demandas y necesidades sociales[4].

El progresismo a la defensiva

Quedó demostrado en las elecciones presidenciales del 2018 que el ambiente de paz (aunque haya sido parcial) permitió los debates políticos en torno a la economía, el medioambiente, el trabajo y la vida, fortaleciendo las candidaturas progresistas. Y por ello todo el progresismo colombiano, sin excepción, ha rechazado la decisión de un grupo de la exguerrilla de las FARC de regresar a la guerra: el Polo Democrático, la Alianza Verde, Colombia Humana-UP y el partido FARC han expresado, con distintos argumentos, la preocupación y el rechazo a tal decisión, al considerarla que pone al país de regreso al pasado; también, sin decirlo abiertamente, porque les pone un ancla a sus proyecciones electorales. Todos concuerdan, asimismo, en que el uribismo hizo todo lo posible para generar una situación simbólica y material para debilitar la paz, tanto por los incumplimientos del Acuerdo como por los asedios a algunos de los excomandantes.

El clima en la opinión pública está muy polarizado, y ello puede repercutir en el aumento de la violencia contra liderazgos sociales y contra el progresismo en medio de la campaña electoral, o puede exacerbar la polarización por el desborde de informaciones malintencionadas (y fake news) en redes sociales, luego replicadas en los medios masivos. Ante esas preocupaciones, los distintos sectores sociales y los partidos de oposición al Gobierno se expresaron por cadena nacional -haciendo uso del derecho a réplica- convocando a movilizarse en torno a la paz, buscar el respaldo de la comunidad internacional para salvar los Acuerdos e impedir que la violencia tome, nuevamente, las riendas de la política.[5]

Algunos impactos geopolíticos

Iván Duque le dio un marco geopolítico a la situación, apuntando hacia el Gobierno de Venezuela bajo dos supuestos: 1. La facción de las FARC que regresó a la guerra está en territorio venezolano, y 2. El presidente Nicolás Maduro y las Fuerzas Armadas Bolivarianas les están respaldando. En la alocución presidencial, luego del anuncio de retorno a las armas de un grupo de las FARC, el Gobierno colombiano acudió a la retórica antivenezolana y a la culpabilidad del presidente Nicolás Maduro, sin mencionar en ningún momento los hechos de la realidad colombiana que llevaron a tal situación. Pidió al diputado venezolano Juan Guaidó (reconocido por el Gobierno de Duque como presidente interino) apoyo para capturar al grupo de guerrilleros.

A primera vista, tal planteamiento parece disociado de la realidad, incluso pintoresco, pues está claro que el Guaidó no tiene ningún control sobre el Estado venezolano. Pero las reacciones posteriores del discurso presidencial, indican que el mensaje está orientado a reposicionar la acción internacional antivenezolana, en especial en los medios de comunicación. Se empieza a percibir la construcción de argumentos basados en la “lucha contra el terrorismo” para impulsar una posible intervención o una acción militar colombiana en territorio venezolano, como en otro momento ocurrió contra Ecuador (2008).  Se trata de una línea de acción que podría convenir también a aquellos sectores de EE. UU. que alientan la línea de cerco militar contra Venezuela.

Por otro lado, es evidente que el uribismo tiene un importante respaldo en sus acciones contrarias al Acuerdo de Paz. El Gobierno estadounidense viene presionando para reiniciar las fumigaciones con glifosato sobre las hectáreas sembradas con hoja de coca. Donald Trump dijo sobre Iván Duque que: “es un buen tipo, pero no ha hecho nada para solucionar el problema de las drogas”.[6] Tal presión pretende revertir la decisión del Estado colombiano, tomada luego del Acuerdo de Paz, de proscribir dicha práctica por los daños a la salud humana y al medioambiente, y por su inutilidad en la lucha en contra de la economía transnacional del narcotráfico.

Esa posición de EE. UU., apoyada por el uribismo, amplificada por los medios de comunicación y aceptada por otras autoridades colombianas -como la Fiscalía General de la Nación-, tiene como efecto concreto el incumplimiento del punto 4 del Acuerdo de Paz sobre sustitución de esos cultivos, que fue concertada con las comunidades, apoyada con planes de financiamiento y apoyo técnico para cultivar alimentos o desarrollar otros proyectos productivos. Si retorna de lleno la fumigación y se centra la persecución sobre los campesinos (que no son narcotraficantes) se recrudecerá la guerra y nada incidirá en la disminución del narcotráfico.

Ante este panorama, los países que acompañaron el proceso de paz como garantes, Cuba y Noruega, llamaron a continuar con la implementación de los Acuerdos y con los esfuerzos de diálogo para alcanzar la Paz completa de Colombia. La ONU ratificó su compromiso en el mismo sentido. Sin embargo, parecen voces diezmadas por la retórica de los EE. UU. en contra del multilateralismo y por el caso omiso que les hace el Gobierno colombiano.

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