Después de la declaración de Álvaro Uribe en el juicio en su contra en la Corte Suprema por el caso de  manipulación de testigos, el expresidente recorrió el camino de otros líderes mundiales cuando se ven descubiertos y culpó a sus colaboradores de haber actuado fuera de la ley. O al menos en la cornisa. 

En su intervención, Uribe se mostró categórico al señalar que no tenía conocimiento sobre los supuestos pagos del abogado Diego Cadena a los testigos Carlos Enrique Vélez y a Eurídice Cortés, alias “Diana”.

Uribe contó que “también me hablan de un soborno” y entonces detalló: “Vine a saber en las últimas semanas que el abogado Cadena, 10 meses después de una declaración de un testigo Vélez, Carlos Enrique Vélez, le dio 2 millones de pesos que por razones humanitarias. Fue a decírmelo a la oficina y ¡hombre, doctor!, si me hubiera consultado le digo que de ninguna manera, terminantemente no”, dijo Uribe.

El exmandatario añadió que “después apareció en las diligencias que eran 7 millones y el señor dijo que lo habían comprado para que dijera una mentira en favor de Álvaro Uribe”.

Entonces argumentó: “Le dije magistrado, yo creo que tiene que mirar dos cosas, la cuantía y tiene que mirar otra cosa, a mí me informaron en las últimas semanas, recientemente, y siempre aquí lo que se buscó fue decir la verdad, y ese delito de soborno de testigos exigen a que guarden silencio o alterar una realidad, decir una mentira. ¿A dónde está eso?”, preguntó.

Uribe se mostró enfático: “Yo no me invento ir a buscar a un testigo o a otro, yo envío a alguien es a corroborar información. Lo que busqué fue afanosamente la verdad, la defensa del bien superior de mi honra y el pedido a la justicia que investigara”.

Uribe hizo la afirmación ante un auditorio entusiasta que lo aplaudió en varias ocasiones. Y al final aclaró que estaba dispuesto a ir a la Corte Suprema de Justicia cuantas veces fuera necesario para demostrar su inocencia.

Uribe ha sido el líder político más influyente de las dos últimas décadas en el país. Ocupó la primera magistratura entre 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010 y lideró el movimiento del No al plebiscito del Acuerdo de Paz imponiéndose en las urnas.

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