El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, entregó un nuevo paquete de medidas financieras en el Congreso, con los que busca mejorar las cuentas públicas, simplificar los trámites burocráticos y estimular el crecimiento de la economía del gigante suramericano.

Las nuevas reformas, que en su mayoría requieren enmienda constitucional, fueron traspasadas al Parlamento luego de que se aprobara, dos semanas atrás, la reforma de pensiones y jubilaciones, con la que el mandatario brasileño busca sanear el déficit de las cuentas públicas, ahorrándole al Estado unos 217.500 millones de dólares durante la próxima década.

“Pacto” para descentralizar los recursos

En un breve discurso ante la Asamblea Legislativa, Bolsonaro dijo que entre las medidas propuestas figura el “Pacto Federal”, con el que pretende descentralizar los recursos de los estados y municipios para que tengan más autonomía en su gestión. “Ellos, allá, en los estados y en los municipios, decidirán mejor que nosotros lo que es mejor para sus regiones, porque ellos viven el problema del día a día allá (…) Estamos seguros de que pronto, tal vez a principios o mediados del próximo año, esta propuesta se hará realidad y nos hará bien a todos”, agregó el mandatario.

La administración de Bolsonaro espera que, con ese proyecto, los recursos para esas regiones aumenten en 500.000 millones de reales (unos 125.000 millones de dólares) durante los próximos 15 años. El paquete también incluye tres enmiendas a la Constitución con las cuales se procura aumentar el control fiscal para frenar la generación de nuevos egresos obligatorios, y la prohibición del endeudamiento público para pagar gastos corrientes como salarios y servicios.

Bolsonaro quiere privatizar a Eletrobras

El presidente brasileño también remitió una propuesta para la privatización de Eletrobras, la mayor generadora de energía de Latinoamérica, con la que espera recaudar unos 16.200 millones de reales (unos 4.050 millones de dólares).

Si es aprobada la privatización de la energética, se estaría haciendo a través de la emisión de nuevas acciones, que serán vendidas en el mercado, de las cuales esperan que el Estado retenga alrededor de 50 por ciento. Este modelo igualmente implicaría cambios en los términos de los contratos de energía hidroeléctrica de la compañía, que se alejaría del actual modelo de tarifa regulado, y le permitiría a la empresa vender su producción a precio de mercado, mucho más elevado que el aplicado actualmente.

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